El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, culminando así el proceso iniciado en el Parlament autonómico el pasado mes de marzo con los votos favorables de PP y Vox. La publicación activa formalmente los plazos que permiten recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional.
La norma, aprobada en 2018 durante el Govern presidido por Francina Armengol, establecía la retirada de simbología franquista, la protección de espacios de memoria y la regulación de actos de exaltación del franquismo. Su derogación no formaba parte del programa electoral de Marga Prohens, sino que fue un acuerdo con Vox. Ha sido objeto de fuerte controversia política en las islas, con críticas por parte de la izquierda y asociaciones memorialistas; sobre todo después de que el PP impidiera en una ocasión la derogación efectiva por un acuerdo con la izquierda y se desdijera meses después.
Con la publicación en el BOE, se abre ahora la vía legal para que el Gobierno central presente un recurso de inconstitucionalidad. El Ejecutivo ya había anticipado esta posibilidad. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió de que el Gobierno acudiría al Constitucional si no se alcanzaba un acuerdo con el Govern balear; algo del todo improbable dados los pactos de Prohens con los de Abascal.
En cualquier caso, sobre el papel el procedimiento contempla un periodo previo de negociación entre ambas administraciones antes de formalizar el recurso. En caso de no prosperar ese diálogo, el Ejecutivo podrá interponerlo ante el Tribunal Constitucional e incluso solicitar la suspensión cautelar de la derogación.
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