Hace 11 años que vive en un piso de la calle Santa Teresa, de Maó, pero este viernes Mohamed Achyakh, su mujer y sus tres hijos menores de edad, van a quedarse en la calle si se cumple la orden de desahucio dictada por la sección primera del Tribunal de Instancia de Maó para ejecutarse a lo largo del día.
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Es el resultado de un enrevesado proceso judicial que tiene como damnificada a la familia a pesar de que ha pagado puntualmente el importe del alquiler -300 euros mensuales- primero a la propietaria que se lo alquiló en 2015, y a partir del quinto año, ingresando la cantidad en la cuenta del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, por el embargo a la dueña.
Fondo de inversión
El piso lo compró un fondo de inversión que posteriormente lo vendió a una particular. En este intervalo de tiempo, Mohamed ya se enfrentó a una primera demanda de desahucio, interpuesta por el fondo que se había hecho con la propiedad, por ocupación ilegal de la vivienda. El inquilino ganó el juicio al poder acreditar que él había seguido pagando la renta a través de la sede judicial y aportar el contrato.
Ahora se ha repetido la historia con la mujer que adquirió el piso a la empresa inmobiliaria, decidida a hacerse con la que ya es su propiedad, y por tanto, sin haber dado margen a una nueva negociación con la familia inquilina para incrementar la cuantía del alquiler, muy por debajo del precio de mercado actual. El Juzgado notificó a Mohamed la demanda por falta de pago de la mensualidad, pero este no la recibió porque cuando se la trasladaron en mano no había nadie en casa, lo que no frenó la tramitación del expediente de desahucio.
El abono mensual del alquiler a través de la cuenta del Juzgado número 3 de Maó -hoy Sección Tercera del TI- se sigue destinando a las deudas de la primera propietaria con la que había firmado el contrato. Pero ni el fondo de inversión que lo adquirió después, ni la nueva propietaria actual se dieron por enterados de esta situación toda vez que el dinero de la renta no llega a ellos, si no a los acreedores de la titular inicial, de ahí las dos demandas que interpusieron al inquilino los sucesivos dueños del inmueble.
El proceso siguió su curso pese a que el afectado no tenía conocimiento de la notificación al no hallarse en su domicilio cuando acudieron a entregársela. Su sorpresa vino el mes pasado cuando recibió la orden de desahucio, «me notificaron que debía dejar el piso prácticamente de un día para otro, sin saber nada de la tramitación que se había seguido porque yo he continuado pagando y nadie me dijo que dejara de hacerlo o que me habían demandado», explica el hombre a este diario.
Su situación es crítica, «solo trabajo yo y tengo mujer y tres hijos menores sin saber dónde vamos a vivir si nos echan».
A ver si lo entiendo: la familia alquila un piso a 300 euros de alquiler en 2015. Los contratos son de 5 o como mucho 7 años, así que el contrato de alquiler caducó en 2020 o 2022. Mientras tanto la primera dueña tiene deuda y pierde su vivienda, que pasa en mano de fondo buitre primero, después de otra propietaria. Y el sujeto este se cree que pagando el alquiler al juzgado, que va a pagar deuda de la dueña número uno, años tras años, y piensa o quiere tener algún derecho?? No sé, pero a mí huele muy muy mal la cosa...