El Govern desafía al Ejecutivo de Pedro Sánchez y llevará a los tribunales el decreto de regularización e migrantes que ha aprobado este marte el Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha confirmado la decisión de impugnar ante los tribunales el nuevo decreto de regularización de migrantes por falta de veracidad en los planteamientos estatales y porque supone una clara invasión de competencias.
«Vamos a impugnar ante el tribunal el decreto de regularización de los migrantes», ha dicho tajante la vicepresidenta. El Govern está a la espera de conocer la letra pequeña del decreto, que aún no se ha publicado en el BOE, pero la vicepresidenta ha detallado que Baleares ya presentó alegaciones en contra de este proceso extraordinario de regularización cuando se anunció la decisión.
Para Estarellas, hay puntos críticos que el Gobierno no ha abordado porque la medida tendrá un impacto financiero en las cuentas de la Comunitat. Uno de los pilares de la queja del Govern reside en el gasto público derivado de la medida. La vicepresidenta sostiene que «no es verdad» que no suponga coste económico, y que la gestión posterior de la integración recae directamente sobre las autonomías.
En este sentido, ha criticado que se iguale la situación de todos los solicitantes y entiende que no está en la misma situación una persona que lleva tres años en Baleares y «una que lleva tres meses». Ha recalcado que los «esfuerzos de integración» serán menores si los migrantes comprueban que tienen la misma posición quienes llevan años en las islas que quienes acaban de llegar.
Finalmente, Estarellas alerta sobre las consecuencias migratorias de esta política y precisa que, contrariamente a lo que defiende el Gobierno central, el impacto en las fronteras es notable. «Según nuestros datos, sigue viniendo gente con efecto llamada», ha dicho. A la espera de analizar el documento definitivo, el equipo jurídico ya prepara el recurso basándose en las alegaciones previas e insiste en que la normativa actual ignora la realidad operativa y financiera de las comunidades.
El Govern ya presentó un conjunto de alegaciones en las que solicitaba la retirada del texto por considerarlo inadecuado y carente de garantías jurídicas, institucionales y presupuestarias. Entre los principales argumentos expuestos, el Govern consideraba que una medida de esta «elevada trascendencia» debía permitir la participación institucional de las comunidades autónomas y una planificación territorial y presupuestaria suficiente.
El Ejecutivo balear alertaba igualmente de la ausencia de datos fiables sobre el número real de personas que podrían beneficiarse de la regularización y de la falta de una previsión territorial que permitiera evaluar su impacto. Según las alegaciones presentadas, el elevado número de personas en situación irregular es consecuencia de un sistema migratorio «que ha dificultado las vías legales de entrada y regularización ordinaria» y, por ello, consideraba que la solución debe pasar por reformar estos mecanismos y no por una regularización masiva que podría generar un efecto llamada o desplazamientos hacia España.
Las alegaciones también señalaban deficiencias en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales y en los mecanismos de verificación de la documentación aportada, así como la ausencia de una evaluación individualizada y de obligaciones efectivas de integración vinculadas al empleo, la formación o el aprendizaje lingüístico. Esto podría generar situaciones de exclusión social, dependencia de prestaciones públicas y riesgos en materia de seguridad jurídica y seguridad ciudadana, según las alegaciones del Govern.
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