El PP ha respaldado este lunes a las entidades sociales que trabajan con inmigrantes, como Càritas Diocesana, a las que Vox pide retirar ayudas públicas, como se ha pactado en Extremadura. La portavoz 'popular', Marga Durán, no ha entrado a valorar el acuerdo para investir a María Guardiola pero en cambio ha subrayado en positivo la colaboración del Govern con el llamado tercer sector, dando a entender así que no comparte la visión de Vox.
«Nuestra consellera Sandra Fernández se sentó la semana pasada con todo el tercer sector, Càritas, EAPN y tantas entidades que día a día ayudan a familias vulnerables. Hacen una labor encomiable mano a mano con el Govern a través de concertación para dar servicios. Es lo único que tengo que decir de este tema», ha declarado Durán preguntada por esta cuestión.
En el pacto programático para investir a Marga Prohens se incluía la misma idea que en el de Extremadura: punto 106, «suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos». En Extremadura, «se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas» y «la Junta no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada». En ambos casos la interpretación de la letra parece no coincidir en uno y otro partido, y este fin de semana el PP nacional aclaraba que no pretenden dejar a Cáritas sin ayudas.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, apoyaba suprimir subvenciones a las «supuestas ONG» que «viven del negocio millonario» de la inmigración. «Este dinero se tiene que ir a pagar un billete de vuelta o a ayudar a países de origen para que no exista este efecto llamada. Tenemos convenios que no puede ser que sigan en activo», protestaba la diputada.
Regularización extraordinaria
La inmigración ha sido un tema central en todas las comparecencias de los portavoces este lunes, y este martes el debate se trasladará al pleno con una proposición no de ley socialista apoyando la regularización. El PSIB ha instado al PP a respaldarla recordándole que entidades sociales, patronales y la Iglesia lo hacen: «Homilía tras homilía hay un apoyo explícito. El PP debe elegir dónde está, si está con la sociedad o está con Vox en comportarse como un partido antisistema». En esa línea, la izquierda ha acusado a los alcaldes del PP de boicotear el proceso desde los ayuntamientos, especialmente después de que trabajadoras públicas de Palma denunciaran que se había retirado un refuerzo de personal en la OAC Social por orden política.
El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha cuestionado al presidente de la Federación de Entidades Locales (FELIB), Jaume Ferriol, que el jueves hablaba de colapso en los ayuntamientos y protestaba por la falta de coordinación con la Delegación del Gobierno. El socialista aseguraba que en varios municipios los técnicos «quieren abrir por la tarde» para poder absorber la demanda, y desmintiendo a Ferriol ha afirmado que hace «meses» que se sabe que los ayuntamientos tendrían que elaborar este informe. Lo que no se conocía, reconocía, era el modelo del formulario, pero es «de una página» y con un listado de casuísticas que «ya estaba anunciado cuál iba a ser». De hecho, ha recordado que el borrador del Real Decreto estuvo en exposición pública. «La documentación era pública desde febrero», ha dicho el diputado.
El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, también ha acusado al PP de torpedear el proceso administrativo, algo que ha calificado de «impresentable» e «indecente». El ecosoberanista ha defendido la necesidad de acometer esta regularización puesto que «el sistema ordinario de migraciones no funciona». Además, ha razonado que el efecto llamada lo provoca tener «una economía basada en la incorporación constante de mano de obra cada vez más barata y con menos derechos».
La portavoz del PP ha desmentido el boicot y ha vuelto a culpar al Gobierno central de colapsar a los ayuntamientos cargando a sus espaldas la burocracia. Además, después de que Negueruela sacara pecho de la gestión del socialista Virgilio Moreno en Inca («no se ha oído ni una queja», decía el diputado), Durán ha afirmado que también en ese municipio, y en Manacor, se han producido colas en la calle (el PP ha difundido una fotografía de esas colas en Inca). «No sólo lo sufren los ayuntamientos del PP. Lo que unos callan y otros se quejan. Nosotros pedimos la suspensión inmediata del proceso porque del modo que se ha hecho no beneficia a nadie», ha protestado Durán. De hecho, ha asegurado que el viernes, ante el colapso en Palma, varios interesados se desplazaron a otros ayuntamientos, como Lloret, esperando ser atendidos, debido a desinformación que al parecer corrió entre chats particulares.
El PP es lo mismo que PSOE, de hecho hemos llegado a la situación actual gracias a los dos partidos que se van alternando gracias a los mismos votantes que no se dan cuenta del resultado que han provocado.