Koldo García ha reclamado al Tribunal Supremo que suspenda de forma «urgente» e «inmediata» el juicio de las mascarillas o que, en su lugar, se cite de nuevo a declarar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero esta vez en persona. La abogada de uno de los principales implicados en la trama sostiene en su escrito que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario en pandemia por parte de Baleares supone «hechos nuevos», lo que hace «imposible la continuación» de la vista oral.
Añade que este trabajo realizado por la UCO sobre Baleares "evidencia una discordancia sustancial con las manifestaciones realizadas" por Armengol como testigo «en su anterior comparecencia» y, en consecuencia, solicita al tribunal que llame a la expresidenta del Govern para que preste nueva declaración de manera «presencial», y no por escrito, como ya ha hecho durante el juicio, «con asistencia de todas las partes y plena observancia del principio de contradicción».
La abogada menciona la aparición «sobrevenida y acumulada de hechos nuevos» en el informe sobre la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor del 3,7 millones de euros por parte del Govern balear a la empresa de Víctor de Aldama, otro de los implicados en la trama. La abogada Leticia de la Hoz cree que los hechos descritos en el informe apuntan de manera «objetiva e irrebatible» a «graves vulneraciones» de derechos fundamentales de su defendido.
A su entender, el «hecho nuclear», la compra de mascarillas, se está investigando a la vez en dos sedes judiciales diferentes, pero el asunto es «idéntico». Uno de ellos se investiga en el Supremo y es el juicio que se está celebrando en estos momentos contra el propio Koldo García, Víctor de Aldama y el exministro José Luis Ábalos. El otro, específico sobre las ramas balear y canaria de la investigación, se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional, donde han llegado en los últimos meses varios informes que investigan la compra de mascarillas.
La abogada pide, por ello, «la suspensión inmediata del juicio oral» y «la nulidad de las actuaciones», para que no se produzcan «nuevos actos procesales viciados sobre un objeto del proceso que está siendo simultáneamente investigado en la Audiencia Nacional». «La omisión de estas diligencias causaría indefensión material a mi representado, vulnerando el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en la Constitución Española, y privaría a la defensa de la posibilidad de confrontar adecuadamente una prueba de naturaleza pericial cuya credibilidad ha quedado seriamente cuestionada por el nuevo informe», añade la defensa de Koldo García.
A todo cerdo le llega su San Martín......