Uber ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) contra el decreto de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern que regula el sector del taxi y de Vehículos de Transporte (VTC) y que limita su actividad en las Islas.
La multinacional mueve ficha al dar un paso que, por otra parte, entraba dentro de lo esperado después de las críticas vertidas contra el reglamento autonómico, principalmente a través de la patronal estatal Unauto-VTC. Esta ha cargado públicamente en repetidas ocasiones contra este tipo de políticas y conminando al Govern a legislar en base a fundamentos sólidos de derecho y no por «decisiones arbitrarias y sectarias para seguir protegiendo al sector del taxi».
El Consell de Govern aprobó en febrero el decreto 6/2026, una herramienta con la que se pretende blindar al archipiélago contra una temida avalancha de solicitudes que, defiende el Ejecutivo, no podría asumir en términos de capacidad del territorio y en base a criterios de congestión de la movilidad y de calidad del aire.
De hecho, el Govern presentó la medida como la mejor garantía contra un desembarco masivo de vehículos de este tipo de plataformas.Tanto el PSIB como el PP presentaron varias enmiendas -algunas de ellas muy similares entre sí- para pulir el decreto. De hecho, ya se está cocinando una vuelta de tuerca a la normativa a través de las enmiendas a la ley ómnibus. De este modo, es muy probable que se produzcan cambios más o menos significativos.
Las Islas cuentan a día de hoy con 2.529 licencias de taxi concedidas y en activo y otras 739 de VTC. Además de Uber, otras plataformas como Bolt o Cabify, marcas conocidas del sector, ya han hecho movimientos y contactos a lo largo del último año que denotan su interés por introducirse y empezar a operar en las Islas.
Según los protocolos estipulados en este tipo de procedimientos, ahora el Govern dispone de un plazo de 15 días para personarse en el TSJB para defender la legalidad del decreto que Uber acaba de impugnar. Desde la Conselleria de Movilidad se ha señalado este mismo lunes que están a la espera de que se formule formalmente la demanda para poder pronunciarse «con más detalle» sobre los argumentos jurídicos de la misma. Asimismo, han subrayado que el reglamento «tiene un objetivo muy claro: garantizar la movilidad y fijar unos criterios objetivos que permitan regular el número de licencias y autorizaciones de taxi y VTC en un territorio insular y protegido como es Baleares».
De este modo, recuerdan que este decreto culmina el proceso iniciado con la Ley 1/2024, aprobada y consensuada en el Parlament hace dos años, que introdujo una suspensión temporal de nuevas licencias y autorizaciones de taxi y VTC, suspensión prorrogada hace un año. Con este reglamento, finaliza la suspensión, «pero lo hace con reglas claras, transparentes y objetivas». Argumentan que solo en 2023 se presentaron más de 10.000 solicitudes de autorizaciones de VTC en las Islas, hecho que demuestra por sí mismo la necesidad de este reglamento. «Para hacernos una idea de la magnitud, ahora existen más de 2.500 licencias de taxi y más de 700 de VTC, es decir algo más de 3.000 en conjunto». El Ejecutivo tachó en su día de «barbaridad» esas 10.000 solicitudes.
PedroQue te acuestes pirata