El Factor de Insularidad pasará su examen final en apenas un año. El mecanismo diseñado durante el mandato de Francina Armengol llega este 2026 a su último año programado será el Govern de Marga Prohens quien se siente con el Estado para evaluarlo y proponer actualizaciones, según marca la ley.
El Factor de Insularidad es un instrumento financiero incluido dentro del Real Decreto del Régimen Especial de Balears (REB), aprobado en 2019. Obliga al Estado a invertir cada año recursos públicos en la Comunidad Autónoma, en ámbitos especialmente afectados por la insularidad. En este concepto, desde 2020 las Islas han recibido cerca de 574 millones de euros a través del factor, y para este 2026 están previstos otros 152 millones de euros. A lo largo de estos años, este dinero ha servido para financiar infraestructuras educativas, centros sanitarios, actuaciones de gestión del agua, tecnología, patrimonio histórico, energía, etc.
Cinco años
Este instrumento se programó para cinco años, que acaban este 2026. El Real Decreto que lo regula determina que una vez pasado este primer quinquenio, la Comunidad Autónoma y el Estado deben reunirse en la primera mitad del año siguiente para evaluar las actuaciones y resultados y proponer su prórroga o actualización. Ahí es donde el actual Govern del PP, que heredó el mecanismo del Ejecutivo progresita, puede intentar introducir cambios de enfoque.
Además de incluir la vivienda entre las materias financiables, la principal reclamación que trasladará el Govern del PP tiene que ver con el hecho de que el Estado considere cumplidos con el Factor de Insularidad sus compromisos en materia de carreteras. En 2015 se firmaron dos protocolos por un importe máximo de 240 millones de euros que se tendrían que haber ejecutado entre 2016 y 2018. El PP mantiene viva la exigencia (recuerda que se acaba de firmar un convenio de más de 200 millones de euros anuales con Canarias) mientras que en el Gobierno central hace tiempo que lo dan por resuelto con el Factor de Insularidad.
En una reciente respuesta parlamentaria a Jorge Campos (Vox), el Gobierno aseguraba que con el Factor de Insularidad la Comunidad ha salido ganando porque la dotación ha sido «notablemente superior al importe que hubiera tenido la ejecución» de los convenios de carreteras. La misma lógica aplica a las demandas de diseñar nuevas compensaciones por ser islas: «El Factor ya está diseñado para compensar a la Comunidad de Balears por las consecuencias propias del hecho insular».
El Real Decreto también vincula la actualización del Factor al marco de la ley de Presupuestos Generales del Estado, y ahora mismo el Gobierno central carece de ellos, aunque en el Govern indican que no debería afectar al proceso. Lo que sí parece probable es que el debate del Factor se solape con otras guerras como el sistema de financiación autonómico, donde el Govern tampoco está satisfecho con cómo Hacienda valora la insularidad.
Tenim el mateix IVA que els ciutadans de Teruel, Cuenca i Ourense...per llogar cadiretes.