Los profesores de Secundaria de los institutos públicos y concertados de Balears verán reforzada su figura con una actualización normativa de los centros para actuar contra la pérdida de respeto social y la creciente conflictividad que hay en algunos centros. Así lo anunció ayer el conseller de Educació, Antoni Vera, que se reunió con directores de Institutos de Educación Secundaria (IES), de Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), de Centros Integrados de Formación Professional (CIFP) y de Enseñanzas Artísticas (EA).
La ley estatal considera al personal docente autoridad pública desde 2013, pero ahora se da un paso más para mejorar la norma autonómica y de los centros. Este estatuto, que se reforzará con mayor detalle, destaca el principio de presunción de veracidad en los expedientes disciplinarios y otorga protección jurídica al docente frente a faltas de respeto o agresiones. Cualquier agresión física o amenaza grave hacia el docente mientras ejerce sus funciones no se procesa como una falta menor o delito común de lesiones. Se tipifica penalmente como un delito de atentado contra la autoridad, castigado con penas de prisión de 1 a 4 años.
Este blindaje jurídico a nivel autonómico se produce tras años de quejas por parte del profesorado. Solo en 2025 hubo 79 casos reportados por el Govern, si bien la mayoría de problemas de convivencia no quedan registrados. De hecho, el 79,4 % de los docentes de Balears considera que se están incrementando las agresiones verbales o físicas por parte del alumnado y el 75 % piensa lo mismo respecto a las familias, según una encuesta realizada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, en la que está integrada el STEI.
Grupo de trabajo
El conseller anunció la medida como parte de la elaboración de un nuevo decreto que actualizará el marco normativo vigente desde 2010 y que regula los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos. El decreto incorporará, entre otros aspectos, un apartado específico que reconozca y refuerce institucionalmente tanto a los equipos directivos como al profesorado, que pasarán a tener la consideración de autoridad pública. Para su elaboración se creará un grupo de trabajo con expertos y representantes de la comunidad educativa.
Desde la Conselleria explican que este marco normativo tendrá como objetivos garantizar el derecho a la educación en condiciones adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo personal, reforzar el respeto hacia la función docente, regular los derechos y deberes del alumnado y de las familias, y establecer medidas para favorecer la convivencia, la disciplina y la gestión de los conflictos.
Para el conseller Antoni Vera, el objetivo es «asegurar un clima de respeto, seguridad y confianza en los centros educativos».
«Cualquier herramienta que facilite la adquisición de competencias profesionales, personales y sociales es buena», considera el director del Centro Integrado de Formación Profesional Juníper Serra de Palma, Manel Aragonés. Para él, un alumno que llega tarde sistemáticamente al taller, incumple los protocolos de seguridad o desautoriza de forma constante al profesor está adquiriendo malos hábitos profesionales que posteriormente trasladará al mercado laboral. Por ello, ha subrayado que la autoridad docente debe implicar la presunción de veracidad de la palabra del profesor ante los conflictos, permitiéndole ejercer sus funciones sin sentirse desamparado.
Ya son autoridad según artículo 58.2 de ley de educación de Illes Baleras de 2022