La salida de prisión del exfutbolista Dani Alves tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual por parte de la Audiencia Provincial puede parecer chocante. Sin embargo, es una situación habitual en el día a día de los juzgados. Alves aún no tiene una condena firme y su defensa todavía tiene dos opciones para recurrir: en apelación ante el Tribunal Superior de Catalunya y en casación ante el Supremo. A efectos prácticos es igual de inocente que el día antes del juicio cuando sí estaba en prisión. Al igual que en ese momento, el foco en este momento no está en su culpabilidad sino en el riesgo de que se fugue e impida la actuación de la Justicia.
La Audiencia de Barcelona sí aprecia un peligro de que Alves se intente escapar y por eso adopta una serie de medidas: le retira sus dos pasaportes, le impone la obligación de comparecer en un juzgado cada semana y le ha fijado una fianza de un millón de euros. Dos de los magistrados consideran suficiente estas disposiciones para impedir que se marche del territorio nacional. Hay un tercero que no lo ve así y que señala en un voto particular que el riesgo de fuga se ha incrementado después de la sentencia, que hace más cercano un horizonte con una condena firme y porque las acusaciones también recurrirán el fallo y mantienen encima de la mesa penas de prisión que van de los nueve a los doce años de prisión. Sin embargo, la opción mayoritaria se ha decantado por la prisión bajo fianza dado que ya ha pasado 14 meses en la cárcel y, aún en caso de que los cuatro años y medio fueran firmes, un preso en sus circunstancias estaría cerca de poder disfrutar de permisos previos al tercer grado.
Entre mantener la opción más drástica y excepcional de prisión preventiva y adoptar medidas más leves, la mayoría del tribunal ha optado por lo segundo. En esa valoración del riesgo de fuga se basa la decisión tomada en torno a Alves que no es muy diferente de las decenas de acusados que cada día acuden a un juicio con peticiones de prisión muy superiores a los cuatro años y medio que se le han impuesto en primera instancia. Se añade otra medida muy común: una orden de alejamiento respecto a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella.
La fianza de un millón de euros tiene en cuenta la supuesta capacidad económica de Alves y su patrimonio. Es una caución mucho más elevada que las habituales que se imponen para eludir el ingreso en prisión, cuantías que raramente superan los 10.000 euros. Por ejemplo, es idéntica a la que tuvo que abonar Bartolomé Cursach para salir en libertad tras más de un año en prisión preventiva y para después ser absuelto.