La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga contratos presuntamente irregulares vinculados a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante cinco años ha citado a declarar como imputado al expresidente federativo Luis Rubiales el 29 de abril, y semanas antes, el viernes 12, a su sucesor, Pedro Rocha, en calidad de testigo.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de esta localidad madrileña ha adoptado esta decisión en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, en la que fija las primeras declaraciones del caso Brody después de los registros que tuvieron lugar el pasado 20 de marzo, entre ellos el de la propia RFEF y el del domicilio de Rubiales en Granada.
El hasta hace unos días presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha, será el primero en declarar el próximo viernes ante la magistrada en calidad de testigo. Pedro Rocha fue vicepresidente económico en la junta directiva de Luis Rubiales y asumió la presidencia de la gestora tras la dimisión de este el pasado agosto, al ser sancionado por la FIFA por su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso a Jenni Hermoso, que investiga la Audiencia Nacional.
El pasado día 3 Rocha dimitió como presidente de la gestora federativa, una vez que esta convocó elecciones a presidente para el próximo 6 de mayo, con la intención de concurrir a estos comicios, aunque aún no ha oficializado su candidatura. La declaración de Rocha como testigo en sede judicial el próximo viernes 12 coincidirá con la fecha de proclamación provisional por parte de la RFEF de candidaturas a su presidencia.
Días después, el lunes 29, declarará Rubiales, pero en su caso como imputado en el procedimiento en el que se investigan diversas contrataciones de la RFEF, como la que asignó las obras del estadio de La Cartuja (Sevilla) a la empresa Gruconsa, o el contrato que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí.
La magistrada también ha dictado este martes otro auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que acuerda levantar el secreto de una pieza separada en la que cursó una comisión rogatoria a la República Dominicana «a los fines de realizar ciertas diligencias de investigación».
En el marco de dicha comisión rogatoria, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaron el lunes de la semana pasada un registro en la vivienda donde se alojaba Rubiales en Punta Cana. Dos días después, el pasado miércoles, el expresidente federativo aterrizó en Madrid tras adelantar su vuelo y fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la Guardia Civil, ante la que se negó a declarar y quedó en libertad.
Entre los asuntos bajo sospecha de los investigadores figura la contratación de la empresa Gruconsa para obras de la Federación. La Guardia Civil cree que durante la época de Rubiales como presidente se habría contratado a dicha constructora a cambio de que esta realizase pagos a una sociedad administrada por su amigo Francisco Javier Martín, conocido como Nene.
Según un oficio de la UCO, Rubiales y Martín «pretenderían continuar recibiendo beneficios, aparentemente no justificados en la actualidad, de los nuevos proyectos conseguidos por Gruconsa, que se encuentren vinculados directa o indirectamente a la RFEF».
En otro auto, también dictado este martes, la magistrada atiende la solicitud de la mujer de Nene y le devuelve varios dispositivos informáticos, como un móvil, intervenidos en el marco de este procedimiento. No hace lo mismo con el vehículo de marca Mercedes que le fue incautado «a la espera del análisis de la totalidad de la documentación», en especial la que obtuvo la Guardia Civil en los registros efectuados, al sospechar que dicho coche podría considerarse un «instrumento» utilizado en la comisión de los hechos investigados.