Nos habíamos acostumbrado a la anomalía sistémica de cobrar por recibir dinero en préstamo, el resultado de pactar intereses negativos, cuando en febrero de 2022 empieza una senda alcista del Euribor a 12 meses para finalizar el año en un más que positivo 3,018%. Una subida en vertical de algo más de 3,5 puntos porcentuales cuyos ecos se propagarán a lo largo de 2023.
La inyección de dinero a nivel mundial para enfrentar la crisis financiera iniciada en 2007-2008 y el posterior golpe vírico del COVID-19, combinado con el cuestionamiento de la globalización económica que las tensiones geopolíticas han aflorado, ha hecho que volvamos a soportar a un vecino muy problemático: la inflación.
Con una senda alcista de precios iniciada a principios de 2021, se alcanza un máximo en España en julio de 2022 (10,7% de IPC armonizado) y un mes después a nivel de la zona euro (10,6%). La agresiva política monetaria del Banco Central Europeo, que abandona el 0% para escalar hasta el 2,5% en diciembre de 2022 y llegar al 3,5% en marzo de 2023, consigue mitigar la inflación, pese a que el impacto de la segunda ronda en los precios subyacentes se despliega en su máxima expresión. Los precios de la comida y bebida, compra que representa un alto porcentaje de los ingresos de los ciudadanos más vulnerables, no han parado de subir, pese a la artillería monetaria desplegada, cerrando 2022 al 15,7% interanual en España y al 16,0% en toda la zona euro.
El empobrecimiento que una inflación de hasta dos dígitos ha representado para el país no se ha repartido de forma equilibrada; algunos colectivos, como los pensionistas, han sido compensados y su poder adquisitivo ha quedado a salvo. Los demás agentes sociales se las han apañado como buenamente han podido, en base a su capacidad de negociación en el mercado. Un colectivo especialmente afectado por la conjunción de precios al alza y una política monetaria restrictiva ha sido el de las familias hipotecadas a interés variable, que han visto subir su factura hipotecaria revisión tras revisión.
Así tomando la hipoteca media sobre vivienda firmada en Illes Balears en enero de 2022 de las estadísticas del INE, de 215.850€, con un plazo medio de 24 años y un interés nominal de Euribor + 1%, habría pasado de pagar inicialmente 795€ a 1.152€, un incremento mensual de 357€, 4.284€ de sobrecoste financiero anual que sumar al encarecimiento general de precios.
Si el total de crédito a otros sectores residentes (OSR) fue de 1.166.763 millones de euros a finales de 2022, de los cuales 483.252 millones se destinaron a la adquisición de una vivienda, veamos ahora la otra cara de la moneda: los depósitos de la clientela en las entidades financieras, que sumaron 1.441.212 millones de euros en manos de OSR.
Al compás de la subida de tipos oficiales, los bancos de la zona euro empezaron a remunerar los depósitos de su clientela, del 0,19% de inicios de año al 1,35% a finales de 2022, para depósitos hasta un año de plazo. Si acudimos a la estadística del BCE sobre los precios de los depósitos bancarios en España, iniciaron 2022 remunerado a sus clientes al 0,01% y lo acabaron en un tímido 0,42%. Queda en evidencia que una oferta bancaria muy limitada junto a un cliente patrio con escasos conocimientos financieros, que huye de productos sustitutivos como los fondos de inversión, arroja un resultado diferencial con la media europea: con datos de diciembre de 2022, los bancos en España pagaban un 69% menos al ahorrador que la media de los bancos de la zona euro.
El año que dejamos atrás, a nivel financiero ha dejado en una mala situación a las familias y empresas del país, que han visto como los costes del día a día se incrementaban por efecto de la pérdida de valor del euro, mientras que los créditos se encarecían a un ritmo brutal y la remuneración del pasivo más seguro se mantenía en muy baja rentabilidad. La estabilización de precios y las tensiones bancarias marcan ya en 2023, eso sí, el probable fin de la escalada de tipos.l