El pasado año 2023 ha significado un punto de inflexión en nuestra actividad lastrada por una importante caída de la obra pública, tanto a nivel autonómico como estatal, al ser un año electoral. Mientras la inversión privada se ha mantenido más o menos estable en 1.587 millones de euros y una ligera disminución del 2 por ciento, la licitación pública cayó un 33 por ciento. Hemos sido, en porcentaje, la segunda comunidad donde más cayó de todo el estado.
Por islas, Mallorca calca prácticamente las cifras de inversión privada del año pasado con 1.119 millones de euros impulsada por la inversión en vivienda, que sube un 6 por ciento, aunque las inversiones en turismo bajaron un 17 por ciento. En cambio, la inversión en Menorca cae un 23 por ciento, principalmente por el descenso de la vivienda. En las Pitiusas, la inversión con 358 millones baja un 3 por ciento por un pronunciado descenso del 44 por ciento de la inversión turística.
Desgraciadamente, la vivienda continúa siendo el problema número uno para los ciudadanos. Y las cifras no son nada esperanzadoras. En plena emergencia habitacional, el año pasado se construyó todavía menos vivienda que en el 2022. Se visaron 3.292 proyectos de obra, casi un 8 por ciento menos que el año anterior. Llevamos 14 años sin poder llegar a las 4 mil viviendas anuales cuando son más necesarias que nunca. El decreto de emergencia habitacional ha sido una medida valiente por parte del actual Govern para ayudar a construir vivienda a precio limitado sin consumir territorio, pero desgraciadamente la acogida por parte de los ayuntamientos ha sido muy escasa, a excepción de algunos municipios como Palma, Calvià, Andratx e Inca. Una oportunidad, de momento, desaprovechada. Quiero insistir en que se hace totalmente necesario agilizar la tramitación de los suelos urbanizables ya programados para poder sacar vivienda asequible al mercado, además de continuar construyendo vivienda de protección oficial.
En obra pública ya he comentado que la inversión ha caído un 33 por ciento en total. En concreto, la correspondiente al estado ha retrocedido un 55 por ciento y la autonómica casi un 50 por ciento. La licitación local, en cambio, aumentó un 17 por ciento. A esta caída general, hay que añadir el problema que venimos arrastrando de las obras desiertas. Durante el 2023, 91 licitaciones por valor de 69 millones de euros quedaron desiertas, como mínimo en primera convocatoria, obligando a las administraciones a revisar al alza el precio de los contratos, a veces en dos o tres ocasiones. Esto supone un enorme perjuicio para el ciudadano porque proyectos necesarios como centros docentes, sanitarios y proyectos viarios sufren retrasos innecesarios. Resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos.
La ocupación del sector ha alcanzado las 60.276 personas de promedio mensual. Representa la cifra más alta registrada desde el 2008. A pesar de ello, seguimos con enormes dificultades para encontrar mano de obra cualificada.
Quiero expresar nuestra decepción por quedar siempre las empresas de construcción excluidas de cualquier tipo de ayudas. A nuestro entender, por el peso económico y laboral que representamos y por ser un sector clave e imprescindible en la transición verde y la descarbonización, según la Unión Europea, nuestras empresas también deberían ser beneficiarias de este tipo de subvenciones a la industrialización y modernización, como los son otros sectores similares que si han recibido ayudas específicas.
En este sentido, quiero destacar que continuamos con nuestro paso firme y decidido hacia la sostenibilidad. Durante el año pasado celebramos la II Jornada de Construcción Sostenible, en esta ocasión centrada en la economía circular. También realizamos un ciclo de video-cápsulas llamado «Constructoras Sostenibles» en el que diez de nuestras empresas asociadas nos han enseñado todas las buenas prácticas que llevan a cabo como fuente de inspiración para todos. La sociedad y las administraciones pueden contar con el compromiso del sector para sumar esfuerzos y contribuir a acelerar un modelo de desarrollo económico fundamentado en la sostenibilidad de nuestras Balears.l