El próximo presidente del Consell, Dolfo Vilafranca, justificó este jueves el pacto PP-Vox como la opción que aportará estabilidad al gobierno insular y negó que el acuerdo se haya sellado sin tener en cuenta a Menorca, «se ha contado con nuestra opinión, faltaría más, pero la negociación sigue», declaró. Esas conversaciones giran ahora en torno a alcanzar una resolución programática para los próximos cuatro años que, sin embargo, viene ya con una línea marcada desde las direcciones baleares de ambos partidos, y esta es el acuerdo conjunto de 110 puntos firmado para el Govern. Ese es el punto de partida y el tiempo corre, el día 8 de julio sigue siendo la fecha fijada para la investidura de Vilafranca como presidente con el voto a favor de la consellera de Vox, Maite de Medrano, cuya cartera no se ha decidido.
Hay coincidencia entre PP y Vox en la modificación de la ley de Reserva para levantar prohibiciones, por ejemplo como las que planeaban sobre la entrada de vehículos a motor o los barcos con la regulación de las actividades en el litoral. Ya lo avanzaron cuando fue aprobada en el Parlament en febrero y después en campaña.
Vox exige la defensa del sector náutico y también derogar «moratorias y apartados lesivos por su carácter intervencionista y prohibicionista», tanto de la ley turística como de la ley de Reserva, «se trata de algunos apartados no toda la ley», matiza Xisco Cardona, coordinador de Vox en Menorca. Como ejemplo cita la posibilidad que concede la norma al Consell de limitar amarres o en cuanto a la ley turística, la moratoria de plazas «que impide las agroestancias en el Camí de Cavalls que todo el mundo reclama». La eliminación de los puntos más intervencionistas y prohibicionistas de la ley de Reserva también era una promesa electoral del PP, eso no representa un escollo en la negociación, «siempre dijimos que no nos gustaba», corrobora Vilafranca.
Además recuerda que advirtieron de la cesión de competencias del Consell al Parlament, algo que ahora vuelve a echar en cara a Més, como también hace Cardona, «el anterior gobierno se pegó un tiro en el pie». Y es que según el futuro presidente «hay regulaciones del Plan Territorial Insular en esa ley» cuyo futuro ahora queda en manos del Parlament.
Normas contra la «imposición lingüística»
La lengua es otro punto conflictivo. El acuerdo balear afecta básicamente a los ámbitos de la educación y la sanidad, con la elección de lengua en los colegios y la supresión del requisito del catalán en el Ib-Salut, uno de los servicios que serán sometidos a auditoría para «corregir ineficiencias en el gasto».
También se prevé modificar «las normas que supongan una imposición lingüística» y en el apartado dedicado a libertad se contempla promover las peculiaridades lingüísticas de Balears. En este punto Vilafranca asegura que eso es algo que se recoge en el programa del PP, el fomento de las variedades lingüísticas de las Islas y el uso indistinto de las lenguas oficiales.
Fiscalización en Milà o el IME
Con o sin pacto con Vox «está claro que se van a revisar todas las cosas que intuimos que son dudosas, lo llevamos en nuestro programa», asegura Vilafranca, y ahí incluye la gestión del vertedero de Milà, los contratos y pagos realizados por el Institut Menorquí d'Estudis (IME) «o cualquier otra acción de gobierno» sobre la que el PP ha planteado posibles irregularidades, como la concesión de becas fuera de plazo. Es un punto que también está incluido en el acuerdo con Vox: contratar auditorías de cada uno de los organismos, empresas y entes públicos, «el IME entra, por supuesto, es de sentido común saber qué se ha pagado y por qué no se han hecho concursos», declara Xisco Cardona.