Isaac Pons de Rosa Ciutadella
En la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella se manipuló un expediente de disciplina urbanística realizado por un inspector de obras, para que no constara el nombre de un empresario del municipio, que construyó sin licencia una edificación de 250 metros cuadrados y una piscina de 60, en una parcela rústica de la Ronda Sur. Así lo denuncia el concejal de Unió des Poble de Ciutadella, Joan Triay, para quien se trata de un caso evidente de fraude documental por parte del área de Urbanismo dirigida por la concejal del Grupo Mixto, Milagros León.
Los hechos se remontan al pasado mes de abril, cuando Triay tuvo conocimiento de la eliminación de la parte de una acta, en la que se citaba a una persona del entorno de los "tránsfugas" como infractor en un caso de construcción en suelo rústico. El portavoz de UPCM tenía en su poder el documento original redactado por el inspector, así como el texto sesgado que figuraba en el expediente. Así, comunicó los hechos a sus entonces socios del Partido Popular durante una Junta de Gobierno, obteniendo, según Triay, "la reafirmación por parte de León y de algunos concejales más, de que en ningún momento se había actuado mal".
Terrenos alquilados
Se da el caso que el promotor y constructor de la piscina y el edificio no era el propietario de los terrenos, sino que tan solo era su inquilino. Según consta en el informe, cuando el titular del solar lo arrendó, no existía ninguna construcción en los 6.400 metros cuadrados que tiene de extensión, lo que indicaría que fue el arrendatario quien realizó las obras.
"Lo escandaloso del tema es que se eliminen del expediente urbanístico a los principales infractores de los hechos, mientras que se dejaba al propietario como único responsable" por unas obras que él no había realizado. De este modo, "el Ayuntamiento iba a sancionar a quien menos culpa tenía por una intervención realizada por allegados al Grupo Mixto", afirma Triay.
Hechos como éste demuestran, para UPCM, que los "tránsfugas" no tienen ningún tipo de reparo a la hora de manipular los expedientes que elaboran los técnicos, en este caso un inspector de obras.
Además, se da la curiosidad que después de que su socio de gobierno denunciara los hechos en la Junta de Gobierno, el equipo de Llorenç Brondo incluyó en el expediente tanto el documento original como el manipulado, lo que demuestra "su incapacidad hasta para esconder irregularidades", ironiza Triay.
Por ahora, UPCM prefiere no desvelar los datos del infractor para no infringir la Ley de Protección de Datos.