M. Vives Palma
El Consell calcula que el cierre de la planta de Kraft de Maó supondría una pérdida de 12 millones de euros anuales en facturación. Este dinero sería sólo una parte del impacto económico que tendría para la Isla la decisión adoptada por la multinacional, ya que hay que sumarle, además, el coste de las indemnizaciones que debería asumir la empresa si lleva adelante sus planes.
La consellera insular de Economía y Medio Ambiente, Antònia Allès, apeló ayer a la "responsabilidad social que tendría que tener" Kraft y recordó el compromiso asumido en su día por la multinacional de que "no abandonaría la marca ni la Isla".
Allès advirtió que la crisis económica es de ámbito global y que Menorca "atraviesa un momento delicado" desde que se anunció el cierre de la planta de Maó.
Apoyo unánime
El Consejo Agrario Interinsular reclamó ayer unánimemente la continuidad de la actividad de Kraft en Menorca, para "evitar que un posible cierre pueda perjudicar las explotaciones ganaderas que dependen de ella".
La consellera de Agricultura y Pesca, Mercè Amer, recalcó la importancia de este gesto, dada la representatividad de este órgano consultivo, y garantizó que el Govern invertirá todos sus esfuerzos en resolver esta situación.
Amer recordó que al menos una de las ayudas públicas percibidas por Kraft obligaría a la empresa a mantener su actividad en la Isla, dado que estas subvenciones están condicionadas a la continuidad por un período no inferior a cinco años. En caso contrario, la multinacional debería devolver el dinero recibido.
Por su parte, la consellera de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, subrayó que tratan de hacer "lo que haga falta" para buscar soluciones al cierre de El Caserío. "Hay movimientos, hay reuniones y se está trabajando en ese sentido. Es una coyuntura difícil que nos ha tocado vivir pero creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que esto salga adelante, y no es fácil. Es difícil pero creo que habrá una solución", afirmó, en declaraciones recogidas por Europa Press.