F. Saborit Maó
"Las puertas de los bancos están cerradas y las llaves están muy lejos". Carlos Sintes, vicepresidente primero de la Asociación de Constructores de Balears, expuso así ayer, de modo gráfico, la situación que atraviesan numerosas empresas del sector en Menorca, ante las dificultades para obtener la financiación que pueda sustentar su actividad a la espera de cobrar las obras ejecutadas. Lo hacía al término de la reunión mantenida con el presidente del Consell, Marc Pons, y los secretarios generales de UGT, José Reyes, y Comisiones Obreras (CCOO), Ramon Carreras, para coordinar la inversión procedente del Fondo Estatal de Inversión Local, que supondrá una inyección económica de cerca de 16 millones de euros.
La práctica totalidad de los proyectos presentados por los ayuntamientos menorquines ha pasado el filtro de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial y su adjudicación servirá para "mantener las plantillas" de las constructoras locales y, si es posible, "sacar gente del paro", declaró ayer el presidente del Consell.
El representante de los constructores, Carlos Sintes, solicitó, en el transcurso del encuentro con Pons, que el dinero procedente del Fondo Estatal no se desvíe por los consistorios a otros gastos y que se cumpla, tal y como establece la medida excepcional del Gobierno, el pago del 70 por ciento del presupuesto de cada obra en el momento de su contratación. De esta forma las empresas, que soportan el retraso en los pagos por parte de los ayuntamientos y del Govern, tendrán liquidez para resistir la crisis. Sintes se refirió en concreto a las corporaciones locales y al Ejecutivo balear ya que, según especificó, "el Consell está al día" en el pago de sus facturas a las constructoras.
Diálogo social
El presidente del Consell prometió ayer mantener los contactos con empresarios y sindicatos a medida que se ejecuten los proyectos del Fondo de Inversión y aseguró que "el diálogo social será constante". Marc Pons respondía así a la petición de los líderes sindicales de crear una mesa de seguimiento de la aplicación de las inversiones estatales. De momento el presidente garantizó que en la próxima Junta de Alcaldes, convocada para este jueves, el Consell planteará que los ayuntamientos introduzcan en los pliegos de condiciones para adjudicar las obras un requisito básico: garantizar la estabilidad de las plantillas actuales en las empresas de construcción. "Este es un punto de partida fundamental", afirmó Pons, quien añadió que el Consell ha pedido a los ayuntamientos que "fraccionen" sus proyectos para generar el mayor número de obras posible y que éstas se repartan entre las empresas isleñas. Sobre los puestos de trabajo que podría generar esta inversión estatal, Marc Pons señaló que el cálculo de 575 empleos es "una estimación" pero que "detener la sangría" del paro en el sector "ya sería una respuesta suficientemente positiva".
Picaresca
Los dirigentes sindicales, José Reyes y Ramon Carreras, coincidieron en señalar la necesidad de controlar qué tipo de contrataciones realizan las adjudicatarias de las obras y evitar que puedan resultar perjudicadas las empresas locales. Desde CCOO y UGT, afirmaron sus secretarios generales, se vigilará que las empresas mantengan los puestos de trabajo estables, y que la iniciativa estatal "no sirva para retirar a gente fija y cambiarla por eventuales", señaló José Reyes. También Ramon Carreras aseguró que "hay que evitar la picaresca y potenciar la contratación más estable, y no coger gente del paro con contratos de obras y servicio".