Gerard Quevedo Maó
El expediente del caso Subbuteo, abierto por la supuesta intervención del director insular de Medio Ambiente, Raül Escandell, en la concesión de ayudas por un total de 10.140 euros a una empresa que había sido suya y que ahora figura a nombre de su compañera se cerró ayer con la imposición al expedientado, por parte del presidente del Consell Marc Pons, de una sanción de 20 días durante los cuales no podrá ser nombrado para otro cargo institucional, sin que ello suponga suspensión ni inhabilitación alguna.
La sanción fue notificada en primer lugar por Marc Pons al interesado. Posteriormente, el presidente la hizo pública a través de una rueda de prensa y, a las 13.30, la comunicó a la Junta de Portavoces, tras lo cual, a las 14 horas, procedió a firmarla. Por la tarde, Damià Borràs y Antònia Allès, en nombre del equipo de gobierno, convocaron una rueda informativa, a la que asistió el propio Escandell. En esta comparecencia, los representantes del gobierno insular hicieron patente su confianza con el ahora sancionado y le atribuyeron la comisión de un "error administrativo", que no había causado perjuicio alguno ni a la Administración ni a terceros y que no había producido lucro alguno al propio Escandell.
El error en cuestión consistió simplemente en no haber manifestado "por escrito" su inhibición en el proceso de concesión de las subvenciones a Subbuteo S.L. o, al menos no haber solicitado que tal inhibición, "que sí formuló de palabra", constara en acta. La sanción impuesta por Marc Pons a Raül Escandell corresponde a una infracción tipificada como "grave" por la Ley 2/1996 de 2 de diciembre del Parlament de les Illes Balears, sobre incompatibilidades de los altos cargos. Según este texto legal, la sanción podía haber tenido una duración máxima de dos años. La instructora del expediente propuso una resolución que oscilara entre 20 días y un año de sanción y el presidente, como órgano sancionador, optó por la solución más leve, dentro de esta gradación.
"Honorabilidad acreditada"
En la rueda de prensa del equipo de gobierno, Borràs y Allès expresaron reiteradamente que el Consell se había mostrado a favor de una instrucción "independiente y transparente", a cargo de los servicios jurídicos del Consell y que el desarrollo de la misma había demostrado la "honorabilidad" de Escandell y que su error había sido completamente involuntario, ya que en todo momento había actuado "de buena fe".
El propio director insular sancionado manifestó acatar la decisión, que no va a recurrir y añadió que sus abogados, al conocer la resolución, le habían aconsejado no emprender acciones legales contra el Grupo Popular, como había insinuado al inicio del proceso sancionador.