Ángeles M. Obispo Maó
Los trabajadores de la Administración de Justicia en Menorca ya empiezan a notarlo y los vocales territoriales de Balears del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ayer visitaron los juzgados de la Isla para conocer su situación de primera mano también lo advierten. La crisis económica que golpea a la sociedad menorquina está aumentando los litigios civiles y sociales en los juzgados de Menorca, una circunstancia que se repite en el resto del Estado y que los juzgados de la Isla podrán afrontar sin excesivos problemas en opinión de los responsables judiciales del CGPJ porque, comparativamente, Menorca está mejor preparada.
Demoras en pagos de hipotecas, procesos de desahucios y embargos, impagos de préstamos y facturas en el ámbito civil y tramitaciones de expedientes de regulación de empleo y peticiones de prestaciones sociales en el ámbito social son algunos de los asuntos que ya se acumulan sobre las mesas de los juzgados menorquines. De hecho, la cifra de asuntos civiles atendidos en enero en el partido judicial de Maó superó el centenar por juzgado, algo más del doble de expedientes tramitados hace apenas un año. Sin embargo, los vocales territoriales de Balears Antonio Monserrat y Carles Cruz descartaron ayer un posible colapso del sistema en la Isla, no obstante aseguran que desde el CGPJ se hará todo lo posible para proporcionar "los refuerzos necesarios" en el caso de que la situación obligue a tomar medidas de forma excepcional.
Carga de trabajo
Ambos responsables quisieron dejar claro que la actual carga de trabajo de los juzgados menorquines está dentro de unos márgenes aceptables y por tanto, a pesar del aumento de determinados litigios, "las cifras no son alarmantes". Incluso el hecho de que en el partido judicial de Maó exista un elevado número de funcionarios interinos (el 61 por ciento) no debería representar un problema añadido. "Habrá más trabajo y posiblemente algún retraso en los asuntos pero no como para plantear medidas extraordinarias", apuntaron.
Por otra parte, entre las preocupaciones y peticiones que los jueces de la Isla trasladaron ayer a los vocales territoriales de Balears destacan la queja por la excesiva dispersión de los juzgados de Maó. Ambos vocales se comprometieron a agilizar ante las autoridades competentes los trámites de adjudicación de las obras del nuevo edificio de juzgados previstas para este año. Los jueces también reclamaron mayor seguridad en las sedes judiciales de la Isla y se quejaron de la demora en la designación de los funcionarios interinos. En este último caso, los vocales también se comprometieron a reducir estos retrasos. En cuanto a las quejas sobre la excesiva carga de trabajo del Registro Civil, los vocales advirtieron que el Plan de Modernización del CGPJ contempla la cesión de su gestión a otras administraciones.
Personal interino y jueces de la Isla que no secundan el paro
El decano de los jueces de Menorca, Bartomeu Mesquida, transmitió ayer su preocupación a los vocales territoriales de Balears por la elevada cifra de funcionarios interinos que trabajan en el partido judicial de Maó, 24 trabajadores de los 39 que actualmente hay en plantilla, un 61,5 por ciento. Mesquida también expresó su deseo de que los interinos que acumulan una larga vida laboral desempeñando esta función obtengan algún tipo de reconocimiento por parte de la Administración de Justicia.
Por otra parte, el decano de los jueces volvió a manifestar ayer ante ambos vocales que los jueces de la Isla no secundarán la convocatoria de paro para el próximo día 18 y que precisamente el pasado martes rechazó el CGPJ al considerar que no existe actualmente "cobertura legal" para el ejercicio de este derecho. No obstante Mesquida aclaró que los jueces sí asumen el documento reivindicativo.