La complejidad de los abusos a menores se puso de manifiesto ayer en la celebración del juicio que tuvo lugar en Maó ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma por un presunto delito contra la libertad e indemnidad sexuales de los artículos 181 y 182 del Código Penal.
Los hechos enjuiciados, acaecidos en fechas indeterminadas pero, en cualquier caso, desde noviembre de 2007, según el escrito de calificación del fiscal, se imputaban a J.L.B.R., quien habría desarrollado conductas libidinosas con el hijo de su compañera sentimental, cuando éste contaba con cinco años de edad.
En la vista, brilló por su ausencia la convicción, tanto del acusado en la negación de los hechos que se le imputaban -llegó a reconocer besos y tocamientos-, como de su ex pareja y madre de la víctima en la ratificación de la denuncia efectuada ante el Servicio Insular de Familia (su cambio de actitud a lo largo de este proceso fue remarcado por los distintos peritos). El menor, por su parte, se negó a declarar.
Así las cosas, la prueba giró fundamentalmente en torno a los peritos que comparecieron para ratificarse en sus informes. La prueba pericial evidenció la "estabilidad psicológicamente compleja" del imputado, a consecuencia de su historia familiar, su "dificultad de independencia y maduración" y un "comportamiento fundamentalmente neurótico", sin que afectara a su imputabilidad. El peritaje del forense Antonio Lage y de la psicóloga Carmen Cuzcó concluyó que no se detectaba una alteración de la conducta sexual, si bien Cuzcó puntualizó que "los abusadores pueden tener una conducta sexual normal".
Las aportaciones de la propia Cuzcó y de su colega del SIF, Pilar Jordá, respecto del relato del menor resultaron muy clarificadoras. Ambas se ratificaron en sus dictámenes y avalaron la credibilidad del menor, descartando que la descripción de los hechos denunciados- conocidos entre acusado y víctima como "juego de la patata"- pudieran obedecer a una fabulación. Por ello, a su juicio, los presuntos abusos se produjeron, si bien no fueron vividos de forma traumática, en opinión de Cuzcó, aunque el acusado insistiera en que era un "secreto" entre él y el menor.
Tras la fase probatoria, la Fiscal Núria López y la Defensa, representada por José María Alonso, elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales. El Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 10 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de condena y la prohibición de acercarse al menor o a su domicilio a una distancia inferior de 500 metros durante el mismo tiempo, además de una indemnización de 6.000 euros por los perjuicios sufridos.
Por su parte, la Defensa sostuvo que la conducta del acusado se enmarcaba dentro del contexto familiar y apeló a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para sostener que las únicas manifestaciones de los peritos, como testigos de referencia, no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, por lo que solicitó la libre absolución para su patrocinado.