El caso de la expropiación de los terrenos de Santa Rita, en Ciutadella, ha dado un vuelco importantísimo en las últimas horas. La alcaldesa Pilar Carbonero ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para anular la valoración de los terrenos realizada en su día por el gobierno del Partido Popular y posteriormente por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Carbonero, como ya ha manifestado en reiteradas ocasiones, considera excesivo el precio que se obliga a pagar al Ayuntamiento de Ciutadella. De hecho, el actual equipo de gobierno siempre ha advertido que el coste de la expropiación de Santa Rita es una de las mayores losas económicas que pesan sobre las arcas del Consistorio.
Con esta decisión, se paraliza cualquier procedimiento iniciado, y es como si se empezara de nuevo el proceso negociador con los propietarios de Santa Rita. Así, tras la declaración de lesividad, quedará sin valor el acuerdo que tomó en setiembre de 2006 el gobierno de Llorenç Brondo y Antònia Gener, quien decidió sin informe técnico alguno que por Santa Rita se debían pagar 60 euros por metro cuadrado. El PP argumentó que aplicaba ese precio, muy superior a los 9,27 euros que se habían propuesto hasta entonces, por comparación con lo sucedido en otra expropiación, la del Hort d'en Llinyà. En base al precio aprobado por el PP, el Jurado Provincial de Expropiación dictó después que los terrenos costaban entre 67,49 y 92,64 el metro cuadrado.
EL INFORME DE LA UPC
La base para iniciar este proceso administrativo la ha proporcionado un estudio elaborado por el Centro de Política del Suelo y Valoraciones de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El informe concluye que "ninguna de las valoraciones realizadas, tanto por parte del Ayuntamiento de Ciutadella como por parte del Jurado de Expropiación, se puede considerar como válida para fijar el justiprecio expropiatorio, porque se ha incumplido la metodología fijada y descrita en la legislación vigente". Asegura la UPC que, con las decisiones del Consistorio y del Jurado, se ha producido una sobrevaloración del suelo "valorando expectativas urbanísticas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos territoriales o urbanísticos que no se han materializado y que están prohibidos por la Ley". En base a esta argumentación, los terrenos de Santa Rita deben valorarse como suelo urbanizable no programado, lo que, definitivamente, aporta una valoración del suelo muy beneficiosa para el Consistorio: entre 6,80 y 9,89 euros el metro cuadrado. Es decir, entre seis y nueve veces menos que lo que aprobó el gobierno del PP, y diez veces menos que lo dictado por el Jurado de Expropiación, lo que podría suponer, al final, un ahorro cercano a los dos millones de euros.
En vista de este informe, Carbonero firmó el pasado miércoles el decreto para iniciar el llamado expediente de lesividad. Es decir, el propio Ayuntamiento actúa contra una decisión suya al considerar que se vulneraron los interés públicos. Además de contar con el informe técnico de la UPC, la alcaldesa ha recabado también un informe jurídico de la Universitat de les Illes Balears que establece el procedimiento a seguir.
CARBONERO VE NEGLIGENCIA
Carbonero entiende que "ante la comprobación de que, tal como habíamos dicho, las cosas no se han hecho bien y ha habido negligencia, debemos volver atrás la valoración del Jurado de Expropiación, porque si no la proyección de futuro que se nos presenta es difícilmente asumible por el Consistorio". De hecho, la alcaldesa asegura que ante el panorama que se le presentaba, tenía dos opciones: "O mirar hacia otro lado y aumentar los impuestos a los ciudadanos para poder pagar, o defender el interés general y sacar adelante esta declaración de lesividad".
LEJOS DE LOS PROPIETARIOS
La nueva propuesta de tasación de los terrenos de Santa Rita se aleja aún más de las pretensiones de los propietarios, que llegaron a pedir 240 euros por metro cuadrado. Carbonero es consciente de que la distancia ahora será mayor, pero tal como exige la legislación, dará audiencia a los afectados en este proceso. "Parece difícil que podamos entendernos", admite. No obstante, la nueva valoración que defenderá ahora el Ayuntamiento debe servir para que, si el Jurado de Expropiación vuelve atrás, tenga nuevos valores para dirimir su valoración. Así, si antes tenía como valor mínimo los 60 euros que acordó el Ayuntamiento y como máximo los 240 que pedían los propietarios, ahora tendrá como mínimo los 6,80 euros de la nueva tasación de la UPC, y como máximo los 240, lo que hace presagiar que su valoración, en caso de ser necesaria, será inferior a la actual.