Los ayuntamientos se enfrentarán el próximo ejercicio a un nuevo problema para cuadrar sus presupuestos: la obligación de retornar al Gobierno parte de los ingresos recibidos en el ejercicio 2008, cuya liquidación, recientemente hecha pública por el Ministerio de Economía y Hacienda, ofrece un saldo a favor de la Administración central que en el conjunto de Balears asciende a más de 16 millones de euros.
Los consistorios menorquines tendrán que devolver 2.059.624 euros, siendo el Ayuntamiento de Ciutadella, con una cantidad a reintegrar de 955.225, el que se verá más perjudicado por la liquidación del ejercicio 2008. La participación de los municipios en los fondos del Estado se calculó de acuerdo con una estimación de ingresos, vía impuestos, que no se ha cumplido debido a la crisis económica.
El error de cálculo no ha sido una sorpresa para la mayoría de los alcaldes consultados, ya que se esperaban dicha desviación, aunque sí es un nuevo varapalo para unas cuentas municipales maltrechas, debido también a la bajada en la recaudación de impuestos y a la prohibición gubernamental de contraer más endeudamiento.
Después de Ciutadella, en el ránking de los municipios que más dinero tendrán que devolver al Gobierno le siguen Maó (527.274 euros), Es Castell (178.698), Alaior (168.882), Sant Lluís (121.782), Ferreries (77.927), Es Migjorn Gran (21.308) y Es Mercadal (8.525).
El Consell, como entidad local, también se ve afectado por la devolución de ingresos de 2008, aunque el gobierno insular no especificó ayer en qué medida.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) negocia que el pago se pueda realizar, a partir de 2011, en un plazo de cinco años, lo que supondría el reembolso anual de 300 millones de euros por parte de todos los ayuntamientos españoles.
Asimismo, dicho retorno de dinero al Estado se realizará mediante una reducción proporcional en las transferencias periódicas que la Administración central realiza a los consistorios. El presidente de la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB) y alcalde de Puigpunyent, Joan Ferrà, informa que se negocia para revisar todo el sistema de financiación municipal y para alargar al máximo el plazo de pago de esta devolución.