"Que cierre esto". Con esta frase resumió ayer uno de los 24 trabajadores que aún se mantienen en la empresa Edificaciones Estaló el sentir de una plantilla que, en el día a día, se encuentra en la situación de que "no hay ni para poner gasolina a las furgonetas" y dirigirse a las obras que aún tienen en marcha. Los empleados, junto con los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras (CCOO), Servando Pereira y Patricio Serra respectivamente, reprocharon ayer al empresario Carlos Sintes Coll haber ocultado que se iba a recurrir al concurso de acreedores -instado el pasado día 18-, y de haber mantenido una actitud nada beneficiosa para sus trabajadores. "Si no fuera por la gestoría de la empresa no tendríamos ninguna documentación, ni los contratos ni las últimas doce nóminas, mantuvimos una reunión con él y parecía que todo iba a ir bien, pero se nos tomó el pelo", lamentó el secretario general de UGT, Servando Pereira, quien añadió que "nos consta que se ha ido de vacaciones -en alusión a Sintes-, teniendo lo que tiene encima". Sólo tres días antes de instarse el concurso, en un acto celebrado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (TAMIB), "se hablaba aún de un expediente de regulación de empleo", afirmaron los sindicalistas. Según Patricio Serra, de CCOO, este modo de actuar "ha perjudicado a los trabajadores, porque se podía haber avanzado más en la tramitación".
En estos momentos, cuando se va a cumplir el tercer mes, octubre, sin que la plantilla cobre las nóminas, los sindicatos han solicitado ya ante el Juzgado de lo Mercantil la extinción de la relación laboral de los empleados con Estaló, para que puedan solicitar la prestación por desempleo mientras se resuelve el concurso, aunque la decisión del juez puede tardar, como mínimo un mes más, el cuarto sin ingresos en estos hogares, advirtieron Pereira y Serra. Asimismo, los representantes de UGT y CCOO prevén reunirse en breve con el administrador concursal, Juan Manuel Casasnovas, "para que nos diga cuál es la situación de la empresa".
Según la información ofrecida ayer por los propios trabajadores, que desconocen cuál es la deuda total que ha ahogado a la constructora, hace ya dos años que la plantilla "aguanta, cobrando tarde" y no confían en que la empresa se pueda reflotar, ya que sólo en una obra tiene un impago que ronda el millón de euros. Edificaciones Estaló mantiene dos obras propias, una en la calle San Manuel y otra en la finca Morella Vell, ambas en Maó. La semana pasada la firma acabó su trabajo como subcontrata en la obra del centro penitenciario.
Estaló, una de las empresas veteranas del sector insular de la construcción, trabajaba en obra privada y no tanto pública, como es el caso de Edificaciones Ramos, cuyo propietario, Gabriel Ramos, declinó ayer realizar declaraciones sobre la situación de su empresa.
Los constructores culpan de la sangría en el sector a la deuda municipal y al retraso en adaptar los planes generales al PTI
No hay trabajo en el sector de la construcción en Menorca a seis o siete meses vista. La caída en la edificación, en general, ha sido del 70 por ciento en los últimos cuatro años "y seguirá cayendo", declaró ayer Manuel Gómez, director general de la Asociación de Constructores de Baleares, de la que el propietario de Edificaciones Estaló, S.L., Carlos Sintes Coll, es vicepresidente segundo y Gabriel Ramos, de Edificaciones Ramos, S.A., vocal. Manuel Gómez se mostró pesimista ante el futuro del sector en la Isla porque a la crisis generalizada se suman dos problemas: la importante deuda municipal que soportan las constructoras y la paralización de licencias debido al retraso en la adaptación de los planes generales (Maó, Sant Lluís y Es Castell están en dicha situación) al Plan Territorial Insular (PTI).
"Lo llevamos anunciando, Menorca es la isla que está en una peor situación, porque la actividad empezó a caer en 2005, mientras en el resto de Balears lo hizo entre 2007 y 2008", señaló el director de la Asociación de Constructores.
Representantes de la entidad mantuvieron recientemente un encuentro con el presidente del Consell, Marc Pons, para exponerle la difícil situación que atraviesan las empresas del ramo y pedirle que "haga gestiones" para que se acelere la adaptación de las normativas urbanísticas municipales, ya que "el escaso trabajo que hay se encuentra con licencias suspendidas y trabas burocráticas, esto, junto con la inseguridad jurídica, está deteriorando la imagen de Menorca". Por su parte, los constructores presentarán al presidente Marc Pons, antes del 4 de noviembre, un listado de las empresas que tienen cobros pendientes de ayuntamientos desde hace más de dos meses, para que el gobierno insular agilice asimismo sus pagos e interceda para que los municipios cumplan los plazos con las empresas.