La entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 27 de julio, que obliga a las urbanizaciones a contar con infraestructuras de saneamiento con un plazo que expira en agosto de 2012, sólo ha puesto en evidencia "una situación que hace años que está sobre la mesa y que algún día tenía que llegar", aseguró ayer el presidente de la Demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears en Menorca, Miguel Sintes, quien añadió que en estos momentos de crisis la normativa "es un grano más que le sale al sector de la construcción y no hay manera de que esto pueda funcionar".
En opinión del presidente del Colegio de Arquitectos, un colectivo afectado asimismo por el descenso en el número de proyectos que se ha registrado en los últimos tres años, la obligación de elaborar proyectos de urbanización en estas zonas residenciales se acelera ahora debido a una directiva comunitaria pero es, también, una cuestión "de sentido común, porque hace años que es exigible pero se han venido dando licencias".
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