El Govern y el Consell han acordado emprender acciones conjuntas con el fin de modificar el decreto del Gobierno central que reduce las ayudas a las plantas fotovoltaicas ya existentes y dificulta la implantación de instalaciones nuevas con la misma finalidad. El Ejecutivo autonómico se suma a las consideraciones que hizo la pasada semana el conseller de Ordenación del Territorio de Menorca, Joan Marquès, apelando al factor insular para que Balears se quede fuera de los recortes promovidos por el Gobierno central.
El director general de Energía del Govern, Josep Maria Rigó, ensalza las energías renovables como "un modelo que está adquiriendo un papel muy significativo en Menorca, tanto que en algunos momentos ha llegado a generar el 10 por ciento de la electricidad que se consume en la Isla". Rigó recuerda, además, que las plantas solares "crean puestos de trabajo y atraen inversiones millonarias de capital generalmente extranjero hacia Balears". Ante esta realidad, Rigó entiende que no se puede dejar perder este escenario por un decreto del Gobierno central "que se ha hecho con una inseguridad jurídica total y que ha generado una gran confusión".
En la misma línea se expresa el menorquín Joan Marquès, quien reivindica "un marco normativa seguro". El equipo de gobierno del Consell presentará el próximo lunes en el plenario de la institución una propuesta de acuerdo para hacer llegar a Madrid un mensaje común desde la Isla. Marquès insiste en que en Menorca, y en Balears en su conjunto, no se pueden aplicar los mismos criterios que en la Península "porque aquí producir energía es mucho más caro". Además, Marquès aporta un elemento nuevo al debate, al asegurar que la apuesta por las energías renovables puede reducir el famoso déficit tarifario en el que se ampara el Gobierno central para recortar las ayudas a las fotovoltaicas. Su argumento es que producir energía mediante combustibles fósiles es más caro en Menorca que en el resto de España. Si en la Isla aumenta la generación de energías renovables (que una vez amortizada la instalación, no tienen coste económico alguno de combustible sino simplemente el de mantenimiento), disminuirá la creación de electricidad mediante el sistema tradicional, y por tanto, el coste final de generación de la electricidad en la Isla bajará, y ya finalmente, con ello se reducirá la diferencia entre el precio que realmente cuesta generar la electricidad y lo que paga el ciudadano.
Marquès asegura que se ha dado un primer paso para solucionar la situación actual, puesto que el senador autonómico Pere Sampol ha conseguido que una comisión del Senado modifique el decreto eliminando la reducción de las ayudas en aquellas plantas que ya estén en funcionamiento. Ahora falta que primero el Senado, y el Congreso de los Diputados también, avalen este acuerdo.