Ildefonso Vinent Juanico, subcontratista de las obras de Can Saura, rebate las acusaciones del Govern balear de inflar los precios de la reforma. El empresario tilda de "falsas y difamatorias" estas acusaciones, y para ello pone a disposición de quien lo considere las mediciones realizadas por su cuenta. En este sentido, insta a la UTE adjudicataria de la obra, y también al Govern balear, a hacer lo propio con sus documentos "y veremos quien ha hinchado o no los precios".
El constructor ciutadellenc asegura que "si alguien ha hinchado alguna certificación o factura, habrá que buscarlo fuera de la subcontrata". En este sentido, Vinent Juanico prosigue su comunicado afirmando que "conminamos al Govern y al máximo responsable de la obra, Óscar Canalis, a que de la cara sentándose en una mesa con luz y taquígrafos y examinemos los papeles de cada cual a ver quién ha manipulado, porque está claro que no vamos a consentir estas acusaciones y menos cuando lo tenemos todo en el juzgado para que se nos abonen los trabajos encargados y realizados a precio de 2006". Desde la empresa constructora se añade que "es una auténtica vergüenza que después de tenernos sin cobrar más de un año y de llevarnos hacia la quiebra, tengamos que aguantar semejantes insidias". Para concluir, Vinent Juanico exige al Govern "que rectifique de manera inmediata o en caso contrario vamos a emprender acciones legales contra los que sustentan dichas afirmaciones".
Tras la polémica sobre las mediciones y los precios de la obra, destapada por este periódico, el constructor de Ciutadella insta al Ejecutivo autonómico a no realizar ningún pago a la UTE "hasta que no se aclaren las mediciones, las cuales se presentaron por la UTE al Ayuntamiento firmadas y avaladas por el mismo señor Torrent y demás técnicos". En este sentido, este periódico ha podido saber que el pasado día 15, la UTE adjudicataria de la obra y la dirección facultativa de la misma pactaron ya la liquidación final de la segunda fase de Can Saura. En esta liquidación, se acuerda un sobrecoste de 273.974 euros sobre el presupuesto inicial del proyecto, de tal manera que el coste final de la obra, según este acuerdo, será de 3.109.498,41 euros. El encarecimiento, de este modo, es de un 9,66 por ciento sobre el presupuesto inicial, cuando el máximo legal es de un 10 por cien si no se quiere pasar por una modificación de proyecto.
Un encarecimiento que tanto desde la UTE en su día como también desde la empresa subcontratista ha sido atribuido a las decisiones de la dirección facultativa de la obra, en manos del Govern, y concretamente de Óscar Canalis. Entre los cambios introducidos por Canalis, se encuentra la instalación de una claraboya de aluminio que multiplicó por más de diez el coste previsto inicialmente, la duplicación del coste de los cristales, la instalación de baldosas italianas o la decisión de adquirir un suelo en Sabadell y no en ubicaciones más próximas. Estos datos reafirman la acusación de Vinent Juanico SL, asegurando que "las modificaciones son las que paulatinamente ha ido introduciendo la dirección facultativa, cuyo máximo responsable es el señor Canalis, y debido a eso se ha encarecido el proyecto, ya que la obra ejecutada no casa con la proyectada y los industriales contratados por la UTE no han sido liquidados a pesar de que ésta ha cobrado del Govern".
La problemática de los industriales llegó en su día al Ayuntamiento y también al Govern, y la pasada semana los letrados que representaban a cada uno de ellos se reunieron con representantes de la UTE y el Consistorio, para intentar alcanzar una solución. En este sentido, la UTE asegura que ha abonado 500.000 euros de más a la subcontrata, y ésta afirma que la UTE le adeuda más de 300.000 euros, y el tema está en los juzgados, pendiente de juicio. El Govern se ha desmarcado de este enfrentamiento, y ha asegurado que su vinculación con la obra acabó hace más de un año con el pago de la última certificación. Habrá que ver, no obstante, quién paga ahora los 273.974 euros de sobrecoste pactado entre UTE y dirección facultativa.