José Antonio Rodríguez Abril, que regentaba hasta hace pocos días el bar-restaurante Sa Sargantana, ubicado en la Plaça Bastió, en Maó, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 3, de Maó, una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y de exacciones ilegales contra el alcalde de Maó, Vicenç Tur, los tenientes de alcalde Àngels Andreu, Gari Petrus y Mateu Llabrés, y la tesorera interina Encarnación Mudarra.
El denunciante señala que el 28 de marzo de 2008 solicitó al Ayuntamiento aumentar en cuatro mesas el espacio de terraza al estar libre y cerrado el local colindante, La Morada, cuyo último gestor de negocio dio de baja las licencias que tenía concedidas. Además, asegura que la solicitud de ampliación no fue resuelta expresamente en plazo, por lo que se entendió estimada por silencio administrativo positivo y con posterioridad estimada expresamente al expedir el Ayuntamiento el recibo de la tasa municipal por ocupación de terraza de 2009 con más metros de los 20 concedidos inicialmente.
Por otra parte, afirma que el 6 de agosto de 2009 se concedió la licencia de apertura y funcionamiento al nuevo gestor del local vecino, época en la que también se le otorgó la licencia de obras que realizó con el consentimiento municipal en los meses de julio y agosto, cuando está prohibido ejecutarse en el casco antiguo de Maó. En este sentido, subraya que el titular del negocio es hermano de una administrativa del Grupo Socialista en el Consell insular, partido que también gobierna en el Ayuntamiento.
El denunciante recibió el 9 de abril del año pasado un requerimiento del Ayuntamiento de Maó por el que se ordenaba el desalojo de la terraza en 48 horas, al incumplir la normativa de metros de la misma. Asegura que el requerimiento se produjo sin expediente previo, plazo de alegaciones ni posibilidad de recurso. A pesar de ello, mediante un burofax justificó el pago de la tasa de ocupación de vía pública entre 2007 y 2009, y solicitó que se inspeccionará el estricto cumplimiento de la misma ordenanza municipal al resto de locales situados en la plaza.
El 30 de mayo de 2010 recibió otro requerimiento municipal para aplicar la nueva ordenanza de ocupación de espacios públicos, que contemplaba una terraza acorde con los metros de fachada del local y la prohibición de instalar estructuras fijas. El denunciante alega que la ordenanza solo fue aplicada a su negocio por mediación de la brigada municipal, cuya ejecución provocó destrozos en la pérgola de terraza valorados en 7.000 euros.
Graves perjuicios económicos, desahucio y precinto del coche
El denunciante asegura que las actuaciones del Ayuntamiento le provocaron graves perjuicios económicos, con la consiguiente disminución de la facturación del negocio. La consecuencia de ello fue la imposibilidad de pagar el alquiler del local, por lo que fue desahuciado y ha tenido que cerrar el restaurante. Además, señala que el 10 de octubre pasado el Ayuntamiento decretó el embargo y precinto de su vehículo por la cantidad de 1.765 euros, que se materializó el pasado 26 de enero, por el impago de la tasa por ocupación de vía pública de 2008 más recargos. No obstante, asegura que dicho recibo fue abonado en periodo voluntario el 30 de septiembre de 2008.