El pleno de Maó rechazó ayer, con los votos de PSOE, PSM y EM, la propuesta de resolución presentada por el PP, y apoyada por Ciudadanos, para reprobar al equipo de gobierno por su actuación en el convenio urbanístico relativo a la parcela donde estaba CATISA. El alcalde Vicenç Tur precisó que el recurso de apelación presentado por el Consistorio incide en la disconformidad con el peritaje relativo al convenio, al considerar que existe un desequilibrio a favor del Ayuntamiento por un importe de entre 200.000 y 250.000 euros.
El portavoz municipal del PP, Juan Manuel Lafuente, afirmó que con anterioridad a las elecciones de 2007 se procedió a la aprobación "con alevosía y nocturnidad" de un convenio urbanístico sobre la parcela de CATISA. Recordó la petición del PP para que quedase sobre la mesa, "puesto que no reportaba nada al interés público, no había ninguna razón para llevar a cabo una modificación del planeamiento". En este sentido, Lafuente aseguró que la construcción de una escuela infantil, justificada por el equipo de gobierno para aprobar el convenio por la vía de urgencia, no fue nada más que una excusa, al no existir ninguna planificación de infraestructuras educativas que contemplase dicho centro escolar. El portavoz popular se refirió a la presentación por parte del PP de un recurso de reposición, que fue rechazado por el pleno en octubre de 2007, con la presencia de Vicenç Tur como concejal, al negar que representaba un importante incremento de edificabilidad en dicha parcela. Además, preguntó infructuosamente por qué el Ayuntamiento aprobó el convenio poco antes de las elecciones municipales de 2007.
Lafuente remarcó que la sentencia judicial avala las críticas del PP sobre el convenio y recoge la inexistencia de motivación para formalizar el convenio, además de subrayar que el documento era nulo de pleno derecho. "El equipo de gobierno no defendió el interés general y, además, no actuó correctamente", aseguró.
Por su parte, Vicenç Tur centró su defensa del convenio urbanístico en las discrepancias sobre la valoración del documento contemplado en el peritaje judicial, al asegurar que había un desequilibrio favorable al Ayuntamiento por valor de entre 200.000 y 250.000 euros. Tur reconoció que la sentencia judicial anulaba el convenio urbanístico, aunque en ningún caso cuestionaba la modificación puntual del PGOU referida a dicha parcela. Asimismo, defendió la necesidad de la construcción de la 'escoleta', proyecto que no se había ejecutado debido a la irrupción de la crisis y el cambio de la coyuntura económica.