El gerente de la UTE funeraria Edifincas Menorca-Funeraria Bonet, Francesc Cavaller, declaró ayer en el Juzgado número 1 de Ciutadella en calidad de imputado para responder por un supuesto delito de estafa relativo al cobro de unos permisos de exhumación inexistentes o tramitados irregularmente. Cavaller respondió al interrogatorio ante el juez
Sergio López Ruiz durante una hora y diez minutos aproximadamente.
Durante la comparecencia, cuando fue preguntado por si conocía el contenido del artículo relativo al decreto de Policía Mortuoria, en el que consta que debía ser el alcalde del municipio quien autorizara las exhumaciones, Cavaller respondió que sí, pero que aconsejado por "los servicios jurídicos y el área de Cementerios", en aquella época gestionada por el concejal del Partido Popular Santiago Pons Fedelich, le dieron luz verde "a hacer esas autorizaciones", según se recoge en la declaración judicial a la que ha tenido acceso este periódico. En la misma se añade que "prueba de ello es que se hicieron durante once meses hasta que el Ayuntamiento formuló un expediente administrativo para resolver las dudas y la interpretación del artículo".
Interrogatorio
Durante el interrogatorio, cuándo se le requirió que dijera qué personas dieron vía libre a que se prescindiera de la autorización del máximo responsable del Ayuntamiento, Cavaller volvió a responder que "los servicios jurídicos", para posteriormente negarse a dar nombre alguno e invitar a los interesados a acudir al Consistorio "para ver quienes eran los responsables en 2005"
Por otra parte, cuando fue preguntado si se permitía a su empresa autoconcederse las autorizaciones, Cavaller respondió que el Consistorio estaba capacitado para autorizar exhumaciones e incineraciones "en el mismo cementerio". Asimismo, añade que en el pliego de condiciones el 1 de enero se les entregó toda la documentación, es decir libros, registros y archivos de los cementerios, y concluye que "nunca" les dijeron "que no podían hacerlo".
Por otra parte, el gerente de la UTE explicó que "para conceder las autorizaciones necesitan al principio un certificado en el que se indiquen las sepulturas donde está inhumado, armario en que está situado, fecha de defunción, que el difunto sea de la categoría uno (no contagioso) y además se aportaba licencia de enterramiento". Al respecto concluyó que ninguno de esos datos los tenía el Ayuntamiento, sino que estaban en su poder.