El equipo de gobierno encabezado por Águeda Reynés está analizado con detenimiento la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Maó a facilitar la reincorporación de Manuel Velarte en la plaza de interventor y a abonarle las retribuciones dejadas de cobrar desde que fue suspendido cautelarmente, unos 150.000 euros, a fin de determinar el grado de responsabilidad del Ejecutivo balear en este litigio.
Así lo aseguró ayer al "Menorca" Salvador Botella, primer teniente de alcalde y responsable del área de Servicios Generales y Hacienda . "No descartamos que el Govern tenga responsabilidad en el pago de las nónimas dejadas de pagar. Cabe recordar que Arturo Bagur inició el expediente que luego ratificó Vicenç Tur y el Govern aceptó la resolución del Ayuntamiento y acabó por ratificar el cese", explicó Botella.
El primer teniente de alcaldesa insiste en que están analizando la resolución y reconoce que no han contactado todavía con Velarte, aunque sí tiene claro qué sucederá con Marta Cardona, la actual interventora interina. "Ella consiguió la plaza en un concurso que quedaba a expensas de la resolución del expediente, con éste resuelto como se ha resuelto, deberá dejar la plaza", remarcó Botella.
Reincorporación
Esto allanaría el camino para el regreso de Velarte, con quien no había sido posible hablar ayer al cierre de la edición. Quien sí lo hizo fue su abogado, Joan Verger, quien desconocía en qué situación estaba ocupada la plaza de su exrepresentado y expresaba sus dudas en la forma de ejecutar la resolución estimatoria del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.
"La ejecución de la sentencia es el problema, la cantidad de dinero a pagar es realmente alta y además hay que readmitirlo. Hace falta voluntad política", aseveró Verger, quien confiaba en que el cambio de equipo de gobierno facilitase las cosas, más teniendo en cuenta que "Velarte es un hombre serio que quiere hacer bien las cosas", según dijo.
En cualquier caso, el exinterventor volvería al Ayuntamiento de Maó con la cabeza bien alta si a la argumentación de la sentencia nos atenemos. Velarte no se prodigó mucho en los medios al ser expedientado pero cuando lo hizo no dudó en hablar de presiones y persecución laboral, que tendrían en origen su negativa de informar positivamente la subida de las tarifas de agua al considerar que la necesidad de hacerlo no estaba acreditada.
Sin llegar a esos extremos, la sentencia hecha pública ayer viene a desmontar las acusaciones que se vertieron contra él en su momento. Aunque la resolución desestima los motivos de forma alegados por Velarte, pero sucede igual con los relativos a las infracciones muy graves que se le imputaron -la no asunción voluntaria de las funciones encomendadas, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales como interventor y la falta notoria de rendimiento- hasta el punto de afirmar que éstas no existieron.
las no infracciones
En este sentido, la sentencia analiza los diferentes supuestos por los que se cuestionó a Velarte. El primero de ellos se refiere a la aprobación de las cuentas de recaudación de SOREA, dando cuenta la resolución de las trabas con las que topó el exinterventor a quien se le denegaron los expedientes necesarios para realizar su trabajo, pese a que el mismo advirtió del retraso que se estaba produciendo.
"Difícilmente puede el interventor dictaminar unos resultados económicos si no se le permite el acceso a los expedientes sobre los que tiene que informar (...). Por consiguiente, respecto de esta actitud (...) esa Sala no considera que sea subsumible en ningún tipo disciplinario", reza la sentencia.
En segundo lugar, se reprochó a Velarte su negativa a intervenir en la prórroga de los contratos de socorrismo de las playas de Es Grau y Sa Mesquida, una función "de asesoramiento técnico-jurídico que no les corresponde al interventor (...). Por consiguiente, no existió incumplimiento de sus funciones, y mucho menos un abandono de servicio ni falta notoria del rendimiento", según la resolución.
Tampoco aprecia la Sala incumplimiento en la intervención de nóminas de personal laboral y complementos de Policías Locales, al constar que "sí existió la intervención efectuada con reparos", ante la que se podía seguir el procedimiento legalmente previsto, no habiéndose demostrado que se dejasen de abonar las retribuciones por los informes desfavorables ocasionando perjuicios a los funcionarios y trabajadores. Además, la sentencia estima que no correspondía al interventor realizar tareas de inspección fiscal, con lo que no asumirlas no constituyó infracción alguna.
Finalmente, la Sala deja constancia de la inexistencia de quejas o incidencias respecto del desempeño de Velarte hasta junio de 2008 y como el informe desfavorable a la revisión de tarifas de SOREA (el primero de mayo de 2008) motivó que comenzase a existir "una relación tensa entre el Interventor con el equipo de gobierno", marcada por una conducta de Velarte que, según la sentencia, "si bien se puede calificar como "rigorista", no implicó incumplimiento alguno de sus atribuciones."
El silencio del anterior equipo de gobierno ante la sentencia
En marzo y en noviembre del año pasado, Velarte recibía sendos reveses del mismo tribunal- el Superior de Justicia de las Illes Balears- que ahora le da la razón. El TSJB desestimaba diferentes recursos interpuestos por el interventor y en ambas ocasiones el equipo de gobierno encabezado por Tur sacó pecho y defendía su actuación en aras a la responsabilidad y el rigor.
Esta vez las tornas se han cambiado definitivamente pues no cabe recurso, pero los antiguos responsables municipales no han expresado opinión alguna sobre el asunto.
Sólo fue posible recabar ayer la opinión de Juan Manuel Lafuente, portavoz del PP, entonces fuera del equipo de gobierno, quien recordó que siempre se opusieron al expediente sancionador por entender que se estaba cometiendo un abuso contra un funcionario que resultaba "incómodo".