Un 87 por ciento de las construcciones en espacio de dominio público marítimo del litoral menorquín obtuvieron concesión antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988, y buena parte de las mismas se encuentra en situación irregular, ya que sólo alrededor de 60 de estas obras tiene su concesión vigente hasta el año 2018. Ésta es una de las conclusiones del estudio elaborado por Ferran Pons Cànovas, doctor en Derecho y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha ganado la beca de investigación del Institut Menorquí d'Estudis (IME) correspondiente a 2010.
El beneficiario de la ayuda presentó ayer su trabajo, acompañado por el coordinador científico del IME, Josep Miquel Vidal, y el responsable de la sección de Ciencias Sociales, Joan Hernández Andreu. y manifestó su esperanza de que el proyecto, pese a las limitaciones presupuestarias, pueda ser publicado, ya que pretende "cubrir un vacío en los estudios sobre el litoral de Menorca" y contiene un exhaustivo y detallado de la costa insular, incluyendo desde las construcciones de mayor tamaño y las típicas casetas a los varaderos o los norays de hierro sembrados en rocas y calas de la Isla.
Herencia
Pons Cànovas reflexiona en su estudio sobre la "herencia" recibida por las administraciones, en cuanto a construcciones, muchas de ellas que "se deben a iniciativas libres de ciudadanos durante los siglos XIX y XX, sin permisos", actuaciones que suponen un 60 por ciento del total en Menorca (incluyendo el puerto de Maó el trabajo contabiliza unas 600 actuaciones en el litoral). "Eso explica lo que pasa en algunas calas, como Biniancolla, donde no existen proyectos ni planificación".
De esas 300 construcciones inicialmente sin permiso, un 40 por ciento se legalizó a posteriori, explicó ayer el autor del trabajo becado. Pons Cànovas se mostró partidario de una "gestión dinámica" de la costa, frente al modelo "estático" que ha regido hasta el momento, ya que, pese a que existen construcciones cuya concesión está caducada (Cala Alcalfar y Sa Mesquida son algunos casos) hasta ahora la Demarcación de Costas no ha ordenado ninguna demolición en Menorca, algo que sí ha sucedido en Mallorca, señaló el doctor en Derecho. No obstante, Pons Cànovas reconoció que el problema es "delicado" en la Isla, un "tema sensible" que requiere de un análisis sobre "si las actuaciones que quedan se ajustan o no a la ley, y si deben ser demolidas".
Plan Insular de Costa
El trabajo becado por el IME, que también recibió una ayuda de la Agencia de la Reserva de Biosfera en el anterior mandato del Consell, dedica algunos capítulos a los documentos elaborados sobre la situación del litoral. Entre ellos la "Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa", redactado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y el Plan Insular de la Costa (PIC) que elaboró el Consell en colaboración con los ayuntamientos; asimismo el trabajo recoge las actuaciones piloto realizadas en Canutells y Es Grau, con la reordenación de usos y amarres, y las iniciativas sociales surgidas para la protección de las 'casetes de vorera'.
Pons Cànovas abogó porque el nuevo equipo de gobierno del Consell retome el proceso iniciado con el PIC, aún pendiente de aprobación, como figura de ordenación de la "vocación náutica tan importante en la Isla". Por otro lado, el jurista indicó que la gestión dinámica no tiene por qué implicar demoliciones, sino que puede iniciarse con la retirada de elementos como hierros, anillas y otros restos de las calas.