La intención del Ayuntamiento de Maó de recortar a la mitad las ayudas sociales que perciben a día de hoy los trabajadores municipales ha sido acogida con malestar por parte del personal laboral y de los funcionarios del Consistorio, aunque las condiciones de cada uno de los colectivos dan lugar a diferentes posturas.
Por un lado, el presidente del Comité de Empresa del personal laboral, Josep Garriga, mostró ayer su desacuerdo con la rebaja de la partida destinada a prestaciones sociales aunque matizó que el colectivo está protegido por el convenio. "Defenderemos su contenido y vigilaremos que todas las decisiones que nos afecten estén ajustadas a ley", remarcó.
Garriga puntualizó que el personal laboral acatará la supresión de los acuerdos alcanzados a través de la Comisión Paritaria, denunciados por el Ayuntamiento. En este sentido, reconoció que se conveniaron en su momento algunas ampliaciones de cuantías relacionadas con ayudas sociales tales como las prestaciones médicas para los hijos del personal que no trabajasen. Así, mientras el convenio colectivo marcaba una edad máxima de 18 años, la Comisión Paritaria acordó años atrás que este límite se ampliara hasta los 25 años.
Funcionarios
Algo más complicada es la situación de los funcionarios que, hasta el momento, estaban adscritos al convenio colectivo del personal laboral. El equipo de gobierno ha denunciado este acuerdo y, por tanto, les ha forzado a negociar un pacto para la Función Pública, un trámite que podría retrasarse uno o dos años, tal y como explicó la presidenta de la Junta de Personal del colectivo, Carol Febrer.
Aunque legalmente están amparados por el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios se encuentran algo desorientados sobre su situación y su capacidad negociadora. "No sabemos si, el hecho de que el Ayuntamiento haya denunciado nuestra adhesión al convenio del personal laboral, significa que ya no estamos adscritos a él. El asunto está en manos de nuestros asesores jurídicos", indicó Febrer
Asimismo, la representante de los funcionarios remarcó que, a pesar de que el teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, ha apuntado que los recortes tan sólo afectarán a los empleados municipales que cobren unos ingresos anuales por debajo de los 30.000 euros, esta información no se corresponde con la tratada en la mesa de negociación. "Estas medidas económicas ya nos fueron presentadas pero nos dijeron que todos los trabajadores estarían afectados y no sólo los de mayor poder adquisitivo", subrayó.
Por el momento, se suceden las reuniones periódicas entre los representantes de los trabajadores y el equipo de gobierno, unas negociaciones en las que ayer solicitó participar como invitado el colectivo de funcionarios que no pertenecen a la Policía Local.
En este sentido, Febrer destacó que el diálogo es fluido y que, al parecer, el equipo de gobierno está abierto a la negociación. No obstante, critica que las formas de los representantes del ejecutivo son "algo radicales". "Son muy cordiales pero siempre dejan caer que, en el caso de que no lleguemos a un acuerdo, ellos tienen facultad para tomar las decisiones de manera unilateral", concluyó la presidenta de la Junta de Personal