El Ayuntamiento de Es Castell cerrará el año con un pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto de 2012, que asciende a 6.134.495 euros, y de un convenio urbanístico que obligará al Consistorio a dedicar casi un 10 por ciento de sus ingresos -alrededor de 570.000 euros-, a la expropiación de unos terrenos que ya no necesita, pero que se ve obligado a comprar para cumplir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
El convenio se refiere a un solar de 4.696 metros cuadrados situado junto al colegio Ángel Ruiz i Pablo y el aparcamiento anexo (Camí d'en Verema), cuyo propietario solicitó iniciar el procedimiento de expropiación forzosa después de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992 calificará el suelo como equipamiento escolar.
Se trata de un problema heredado que marcará el debate del borrador presupuestario, previsto para este jueves día 29, ya que Esquerra de Menorca (EM-IU) considera que el equipo de gobierno aún puede paralizar la expropiación, modificando el PGOU y reservando una zona para nuevos equipamientos escolares obtenida de cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento. "La indemnización que pudiera derivarse de esos cambios en el Plan sería muy inferior a la expropiación" ha declarado el portavoz de EM-IU, Juan Miguel Gomila.
"No tiene marcha atrás"
La versión del gobierno municipal es totalmente contraria a la del concejal de izquierdas. Así, la concejala de Economía y Hacienda y representante de Unió Menorquina (UMe), Irene Coll, ha asegurado que el proceso expropiatorio, iniciado por el propietario de los terrenos, "no tiene marcha atrás y así se le ha explicado al concejal de EM-IU" porque si el Ayuntamiento no paga, tendrá que afrontar intereses de demora.
En cuanto a la 'escoleta', ya construida en la zona del parking por lo que desaparecería el motivo del convenio, Coll ha señalado que se optó por esta solución al ser denegada por el Govern la declaración de urgencia para la ocupación de 1.200 metros cuadrados incluidos en los terrenos objeto de la expropiación.
También el alcalde del PP, Lluís Camps, declaró ayer que, según las consultas jurídicas realizadas por el gobierno municipal, "no queda otra solución, hay que asumir como vienen las cosas, porque no podemos pagar intereses de demora cada año".
La propuesta de acuerdo que se planteará ante el pleno consiste en archivar el expediente iniciado para la expropiación urgente de 1.200 metros cuadrados en el Camí den Verema e iniciar el procedimiento ordinario para la expropiación de la superficie total del solar. Asimismo, se plantea el pago de una indemnización de 491.506 euros a favor de la sociedad propietaria, Fincas Sa Sínia, S.L., cuyo representante es Francisco Peral, un exconcejal del PP en el Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que Peral fue miembro del equipo de gobierno municipal a principio de la década de los 90, cuando PP y la extinta Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM) firmaron un pacto de gobernabilidad en el Consistorio de Es Castell.
En cuanto al pago del resto de la indemnización, se realizará con terrenos situados en la zona de Noria Riera. Además, en las cláusulas del acuerdo que votará el pleno se establecen tres plazos de pago, con fechas límite el 15 de enero de 2012, el 30 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. El actual alcalde ha manifestado que el Ayuntamiento quiere ser transparente con dicha cuestión, y que toda la documentación relativa al convenio está expuesta y a disposición de los ciudadanos en las dependencias municipales.
La polémica urbanística llega en un momento en el que el presupuesto de Es Castell para 2012 se reduce en un 5,84 por ciento respecto al de este año y que está marcado por la austeridad. Todas las partidas de gasto corriente se reducen, según ha apuntado la responsable de Hacienda, Irene Coll, y las inversiones se intentan mantener, con una cifra de 593.706 euros, un 2,86 por ciento menos que en 2011. Según Coll, "falta financiación externa" y sólo se ha computado la del Plan Insular de Cooperación. En cuanto a la deuda del Ayuntamiento con los bancos, ésta asciende a 3,5 millones de euros.