El Consell presentará en el pleno del próximo lunes una propuesta de acuerdo para solicitar alternativas al pago a Siteme de 16,1 millones de euros, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que reconoció el derecho de la promotora a ser indemnizada por los prejuicios que sufrió tras la entrada en vigor del Plan Territorial Insular.
Ésta es la consecuencia de la no admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por el Consell en mayo del año pasado contra la citada sentencia y frente a la que el Ejecutivo ha interpuesto incidente de nulidad.
Así, la propuesta de acuerdo que presentará el Ejecutivo insular en el pleno del día 28 prevé acordar que la defensa formule incidente de nulidad ante la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Baleares, en caso de desestimarse el incidente de nulidad pendiente ante el Tribunal Supremo.
Trastorno a la hacienda
Un informe de los servicios de Intervención del Consell advierte de que el pago de la cuantía produciría un "grave trastorno a la Hacienda insular", lo que pondría en riesgo el cumplimiento de las prestaciones y servicios públicos correspondientes a las competencias que tiene asumidas el Consell.
Por todo ello, la propuesta de acuerdo también estima necesario acordar que la defensa que representa a la institución insular formule incidente de ejecución y plantee a la Sala la disposición del Consell a suscribir, a través de un convenio urbanístico con la propiedad de las parcelas afectadas, la modificación del Área de Reconversión Territorial (ART) San Jaime-Son Bou en el artículo 49 del vigente Plan Territorial Insular (PTI) como alternativa, total o parcial, a los pagos en efectivo que, finalmente, puedan resultar de los procedimientos.
La sentencia
Cabe recordar que la Sala del Contencioso Administrativo del TSJIB estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Siteme Menorca SLU el 20 de junio de 2003.
La estimación comprende, además de otros derechos de cuantía indeterminada, la obligación del Consell de abonar 16.114.162 euros además de los intereses desde el 25 de abril de 2003 por el valor económico de la supresión de 128 plazas hoteleras en un hotel de cinco estrellas. La representación del Consell presentó recurso de casación contra dicha sentencia y el Tribunal Supremo dictó el 22 de diciembre de 2011 una interlocutoria en la que declaró la inadmisión del recurso, frente a la que se ha interpuesto incidente de nulidad.