La enmienda presentada por el PP al proyecto de ley de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria, energía y otras actividades, a través de la que se solicita la incorporación de un nuevo capítulo que permita otorgar nuevas concesiones de explotación de acuíferos para usos agrícolas y ganaderos, ha desatado la polémica entre los socialistas y los populares menorquines.
Mientras los primeros consideran que esta medida agravará la problemática relacionada con el nivel de nitratos y la salinidad del agua potable al disminuir la capacidad de los acuíferos, los segundos defienden que se trata de una iniciativa que no pone en peligro las reservas hídricas de la Isla y que beneficiará el desarrollo de nuevos proyectos agrarios y ganaderos.
En concreto, el artículo en cuestión establece que se pueden otorgar a las unidades hidrológicas clasificadas concesiones de aguas subterráneas para usos agrícolas y ganaderos hasta un máximo de cuatro hectómetros cúbicos anuales, que se deben distribuir por islas según su superficie agraria útil. Sin embargo, también se autoriza al conseller competente, Gabriel Company, a aumentar o disminuir mediante una orden la cantidad de hectómetros cúbicos en función de las disponibilidades hídricas reales y la demanda existente.
En esta línea, el diputado autonómico socialista Marc Pons denunció ayer que el Govern pretende abrir la veda a la explotación de nuevos pozos en Balears, que hasta el momento estaba limitada. El representante del PSOE remarcó que, al permitir la autorización de nuevas extracciones, descenderán los niveles de los acuíferos de Menorca, lo que favorecerá la entrada de agua del mar en los mismos que provocará un exceso de cloruro, como ya sucede en Es Castell y Ciutadella. Asimismo, subrayó que también se aumentará la presencia de nitratos puesto que, al haber menos agua en los acuíferos, los nitratos estarán más concentrados.
Pons criticó la "irresponsabilidad" de los populares e instó al PP a retirar esta enmienda que, según dijo, pone de manifiesto las contradicciones y la falta de un proyecto claro sobre el agua del Govern. "El PP toma decisiones desde la inmediatez sin analizar las consecuencias que tendrán a largo plazo", añadió el diputado.
Normativa
El diputado socialista consideró que la normativa vigente, tanto a nivel europeo, como estatal y autonómico, se contrapone a la intención del PP. En esta punto, Pons se refirió al Decreto 116/2010 de 19 de noviembre elaborado por el Ejecutivo autonómico que establece una serie de zonas vulnerables por contaminación de nitratos de Balears, entre las que se incluyen las grandes reservas hídricas del sur de Menorca.
Del mismo modo, el parlamentario del PSOE mencionó el Real Decreto de Ley sobre Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente aprobado por el Gobierno central el pasado 4 de mayo a través del que se insta a tomar medidas en las zonas donde las masas de aguas subterráneas presentaran un riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico.
Concretamente, esta norma propone la creación de una junta específica que apruebe un plan de actuación para la recuperación del buen estado de la masa del agua, así como la paralización de determinadas extracciones en caso necesario.
Por su parte, Pons recordó que la Directiva Marco Europea del Agua fija en el año 2015 el horizonte para lograr el buen estado cuantitativo y químico de los acuíferos. "Mientras tanto el PP defiende las autorizaciones indiscriminadas de nuevos pozos, dando barra libre a la explotación de agua en los acuíferos de Balears", lamentó el socialista.
El diputado autonómico del PSOE aseguró no comprender la voluntad de los populares teniendo en cuenta que el informe de sostenibilidad del Plan Hidrológico actualmente en tramitación estima que las necesidades para el 2015 se mantengan prácticamente estables debido a que el incremento esperado en hectáreas de cultivo regadío es muy pequeño y que las necesidades hídricas para la actividad ganadera se reduzcan en 807.000 metros cúbicos.
En este mismo sentido se pronunció la consellera Gari Petrus, quien instó al Consell a crear una junta de agua insular formada por los ayuntamientos, los grupos ecologistas y diversos expertos con el fin de realizar un análisis que dé solución a las dificultades con las que se encuentran las corporaciones municipales para suministrar agua potable a la población.
Respuesta
Pocas horas después de la rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE, la portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, se pronunció entorno a la enmienda criticada por los socialistas a través de un comunicado. La diputada del PP defendió la viabilidad de la autorización de extracción de agua en las unidades hidrológicas y aseguró que se han redactado los estudios técnicos necesarios que la avalan esta ampliación.
Pons remarcó que, de los 140 hectómetros cúbicos de concesiones de agua para riego actualmente otorgadas, tan sólo se utilizan en la actualidad 40 hectómetros cúbicos, lo que supone un 28,5 por ciento. "No constituye ninguna desmesura añadir cuatro hectómetros cúbicos a las concesiones vigentes", manifestó.
Asimismo, afirmó que tan solo ofrecerá más agua a agricultores y ganaderos profesionales que la precisen porque no tienen suficiente en la actualidad para el desarrollo de su actividad e hizo hincapié en que la solicitud de concesiones deberá ir acompañada de un estudio agronómico que justifique la demanda que será evaluado por los técnicos de la Dirección General de Recursos Hídricos.
Pons remarcó que el primer Govern del Pacte aprobó el Decreto 58/2005 del 27 de mayo que regulaba el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para usos agrarios por el que se concedían hasta cinco hectómetros cúbicos. "En el PP no estamos inventando nada, no entendemos que se critique una solución que fomenta la economía, que no pone en peligro nuestras reservas hídricas y que reactiva el sector agrícola y ganadero", declaró la popular.
Finalmente, la diputada defendió que la iniciativa está "técnicamente justificada" y es "políticamente oportuna" y, por ello, lamentó el "alarmismo innecesario" del PSOE y su "errónea lectura" de esta medida.