Una funcionaria del Govern renuncia a instruir los dos expediente disciplinarios abiertos a la secretaria del Ayuntamiento de Alaior por la presunta comisión de una falta muy grave y otra de carácter grave. Victoria Autonell Caldentey fue asignada hace apenas unas semanas a este caso como instructora por la Dirección General de Función Pública del gobierno autonómico. Sin embargo, el pasado 26 de octubre, el Ayuntamiento de Alaior recibió un escrito de la propia funcionaria en el que comunicó su intención de abstenerse en este caso, de no intervenir en ambos expedientes y, por tanto, su renuncia a la instrucción. Según ha podido saber el "Menorca" el motivo alegado por Victoria Autonell es que el caso podría revestir tratamiento penal, es decir, existe la posibilidad de que termine ante el único juez de lo Penal de la Isla, Bartomeu Mesquida, que es precisamente su marido.
Sustituto
El sustituto de Victoria Autonell podría haber sido nombrado ya. Cada secretaría general de las distintas consellerias del Govern pone a disposición de la Dirección General de Función Pública técnicos de servicios jurídicos y por orden relativo y objetivo se asignan a cada administración local que solicita mediar en expedientes abiertos. Preguntado ayer por este caso, el conseller de Administraciones Públicas del Govern, Simón Gornés, no quiso hacer ninguna valoración al tratarse, remarcó, de un procedimiento administrativo.
Junta de portavoces
Por otra parte, el Ayuntamiento acogerá hoy mismo, a partir de las 13,30 horas, la habitual junta de portavoces previa al pleno que se celebrará este miércoles. Entre otros temas de ámbito municipal que se abordarán en esta reunión, el equipo de gobierno explicará, a petición de los tres partidos de la oposición (PSOE, PSM y EM-IA), los motivos de la apertura de ambos expedientes.
Los dos expedientes disciplinarios incoados a la secretaria del Ayuntamiento hacen referencia a una supuesta suplantación de la autoridad de la alcaldesa, Misericordia Sugrañes, en un documento público y a un acta de pleno. Como consecuencia, el Consistorio aplicó una medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria durante seis meses y solicitó la colaboración de la Dirección General de Función Pública del Govern para instruir el expediente.