Cuatro personas solicitaron ayer en los juzgados de Fort de l'Eau de Maó la nulidad de sus ejecuciones hipotecarias. José Miguel Rivero Talavera, Antonio Llopis Orfila, Jaquiline Moya Hernández y Jesús Vázquez, asesorados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entregaron en Secretaría el escrito de nulidad facilitado por este colectivo ciudadano que pretende paralizar los procesos de desahucio en todo el país, (ya sean antes o después de la subasta e incluso con fecha de alzamiento) en base a la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que declara ilegal el procedimiento español porque no protege al consumidor.
A pesar de que en un principio se les negó la entrada al Juzgado, los cuatro afectados pudieron entregar finalmente el escrito. Familiares y miembros de la Plataforma acompañaron a los afectados y se concentraron unos minutos frente a las puertas de la sede judicial de Fort de l'Eau en protesta contra la indefensión en que se encuentra el consumidor y las cláusulas abusivas recogidas en los préstamos hipotecarios.
"La sentencia del Tribunal Europeo ha dicho claramente que las actuaciones de ejecución hipotecaria españolas son ilegales porque van en contra de una directiva europea que España no ha traspasado a su legislación. No se ha dejado defender a los ejecutados. Se ha producido una pérdida de seguridad jurídica", explicó Rosario Alcántara, abogada y colaboradora de la Plataforma.
El Tribunal advierte que la ley española permite la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que el consumidor pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios contra la entidad financiera.
Según la letrada, en el caso de que el juez admita a trámite el escrito de nulidad presentado ayer individualmente por cada uno de los afectados, el magistrado puede de oficio, derivar el expediente a un procedimiento judicial ordinario.
A través de esa actuación, el juez podrá valorar la existencia o no de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario concedido en su día. Es decir, deberá averiguar si la entidad bancaria ha aplicado intereses de demora que rozan la usura; si ha reclamado la totalidad de la deuda con solo tres cuotas impagadas o si ha incluido cláusulas suelo, un tipo mínimo de interés que no permite que el hipotecado pague menos cuando el Euribor está bajo.
"Si el juez tiene en cuenta estas cuestiones y considera que se han aplicado cláusulas abusivas, la deuda que tiene actualmente la persona afectada cambiará, porque los intereses que se han estado aplicando bajarán", advirtió la abogada Rosario Alcántara.
Por su parte, Ana López, miembro de la PAH animó a las personas en esta situación a presentar en el juzgado el escrito de nulidad, cuyo modelo será facilitado por la entidad ciudadana. "Los miembros de la Plataforma nos reunimos en el local de Caritas en Maó los miércoles a las 19 horas", informó.
Según Ana López alrededor de 30 personas ya han manifestado su intención de presentar el escrito en los juzgados. En la Isla se calcula existen unos 200 casos de ejecución hipotecaria.