El instructor de los dos expedientes disciplinarios abiertos a la secretaria del Ayuntamiento de Alaior por la presunta comisión de una falta grave y otra de carácter muy grave, ya ha emitido un fallo al respecto.
La propuesta de resolución que emite el instructor del caso es una sanción de dos meses para la secretaria, que este mismo mes de abril cumplirá los seis meses de suspensión de empleo y sueldo decretados por el Ayuntamiento.
Esta propuesta de resolución no es aún definitiva puesto que resta pendiente de confirmar por el conseller de Administraciones Públicas del Govern, departamento encargado de la instrucción del caso.
Fuentes consultadas por este diario han informado que la secretaria, retirada temporalmente de sus funciones, prevé recurrir a la sanción que ha propuesto el instructor del caso al discrepar sobre la multa aplicada.
Además, al ser la sanción preventiva tres veces superior a la real, Sanz Villarroya podría solicitar la recuperación de los meses que no han sido retribuidos y que exceden a la sanción fijada, con los intereses de demora pertinentes.
De la propuesta realizada por el instructor y del tipo de falta o sanción, dependerá que la resolución final la tome únicamente el Ayuntamiento o que requiera también de la intervención del Govern.
La alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, no quiso ayer hacer ninguna valoración al respecto al no ser el momento procesal oportuno para emitir ninguna valoración.
Cabe recordar que el caso saltó a la luz pública a finales de octubre de 2012. El Ayuntamiento abrió dos expedientes disciplinarios a Luz Sanz, quien suma más de 25 años en la Secretaría del Consistorio, una por la presunta comisión de una falta grave y otra muy grave.
Uno de estos expedientes dio lugar a la aplicación de una medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo durante seis meses. Aunque el Ayuntamiento incoó el expediente, la instrucción del mismo correspondió a la Dirección General de la Función Pública del Govern, que designó un instructor para esclarecer el asunto.
La instructora de los expedientes renunció al caso al alegar que el proceso podría revestir tratamiento penal y su marido era el juez de lo Penal. Se nombró otro instructor y en enero se presentaron las pruebas testificales.