El Ayuntamiento de Maó ve muy difícil la legalización de la aldea turística de Cala Llonga, un complejo inacabado y paralizado desde noviembre de 2007 que se levanta en una de las zonas de mayor atractivo de Maó.
Los servicios jurídicos municipales y los responsables del área de Urbanismo mantuvieron ayer por la mañana una reunión con el objetivo de analizar la situación y valorar las posibilidades que se abren una vez concluido el proceso judicial, que ha dado por buena la paralización de las obras.
En la reunión, en la que participaron los concejales de Urbanismo y Servicios Generales, Ana Lía Noval y Salvador Botella, respectivamente, así como la jefa de servicios jurídicos, María Martínez; el abogado de Urbanismo, Emilio Orfila, y el inspector municipal, Berto Martínez, se constató un hecho fundamental. Y es que el inmueble está condicionado por dos planes generales.
La primera licencia que obtuvo la promotora, Cala Llonga Properties Development, se basaba en un plan general que no es el mismo que el que está actualmente en vigor. Una intervención en la infraestructura debería adecuarse al Plan General de Ordenación Urbana actual y que fue aprobado definitivamente por el equipo de gobierno popular.
Es por este condicionante que Salvador Botella indique que los servicios representados en la reunión coincidieron en apuntar las "dificultades para conservar cualquier parte del edificio". Esto lleva a presuponer que la solución que se vislumbra para el esqueleto que se levanta en Cala Llonga es el derribo en su totalidad.
Y es que, según señala Salvador Botella, la adecuación de la parte construida al plan general que estaba en vigor cuando obtuvo licencia supondría demoliciones de tramos del edificio. No obstante, esta opción dejaría igualmente el resto de la infraestructura sin posibilidad de desarrollo, por el plan general actual.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears fallara a favor del Ayuntamiento estimando el recurso de apelación presentado por el Ejecutivo municipal y desestimando la sentencia que anulaba la suspensión de las obras, el Ayuntamiento pondrá en marcha los trámites pertinentes para avanzar en la regularización de la situación. Es más, Salvador Botella indica la pretensión de mantener contactos con la propiedad, que ha pasado a manos de la entidad BBVA.
En caso de ejecutarse la demolición de la infraestructura, ésta debería ser asumida por la propiedad. En caso de no efectuarse, el Ayuntamiento podría actuar de oficio.
El nuevo planeamiento general de Maó permite en esta zona la construcción de planta baja más un piso. Posibilitaría la construcción de un nuevo bloque de apartamentos o casas unifamiliares.
Cabe señalar que una vez demostrada que la paralización de las obras fue correcta, la promotora deberá afrontar una sanción.