Con el proyecto parado a instancias de la Fiscalía y con la vista puesta en la decisión que finalmente adopten los organismos judiciales, el dragado del puerto de Maó sigue dando que hablar. El Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) ha realizado su análisis de la iniciativa de Autoridad Portuaria de Balears (APB), y su conclusión es que este ente público ha actuado de manera poco transparente, sin escuchar a la gente y pensando más en el dinero que en otra cosa.
Según el OBSAM, "desde el primer momento Autoridad Portuaria ha dejado claro que quiere hacer las cosas a su manera y que su proyecto es sorprendentemente inflexible". En este sentido, asegura que ha faltado "transparencia y debate entre expertos" en los estudios científicos que rodeaban este proyecto. Al haberse negado APB a este debate público, el OBSAM apunta que "una vez más los ciudadanos hemos tenido la sensación de que ciertos estudios se encargan como justificantes de acciones predeterminadas, ya que se ha dado información parcial, publicado con retraso y con otros hechos dudosos".
Esta actitud pretende facilitar, desliza el OBSAM, la consecución de "los parámetros economicistas que dominan esta Administración". De este modo, la entidad menorquina critica el último comunicado emitido por APB en el que se insinúa que de no hacerse el dragado se reducirá la llegada de cruceros al puerto de Maó. En este punto, el OBSAM relativiza el impacto económico de este tipo de cruceros, apelando a un estudio realizado el año 2006 que cifraba el gasto medio de los turistas de cruceros en 34,15 euros por día, y el gasto total de todos los cruceristas llegados a Maó en unos 2,2 millones de euros.
El OBSAM también considera "irresponsable" la actuación de administraciones diferentes a APB, al entender que "los problemas ambientales son transversales, y los cargos electos que tienen responsabilidad en materias como biología marina, turismo, pesca o salud humana deberían interesarse por este proyecto".
En contraposición a esta actitud de las administraciones, el OBSAM elogia el papel de la sociedad civil en este tema. Así, entiende que "el GOB y OCEANA no solo han jugado su papel de movilización social y de lobby, sino que también han asumido una labor de información básica para la población, garantizando una transparencia informativa en temas ambientales que es la obligación legal de las administraciones públicas". Esta acción de las entidades ecologistas pone de manifiesto, según el OBSAM, que "una sociedad que solo cuenta con entidades privadas para vigilar los problemas ambientales, sin implicación pública en esta misión, tiene problemas".
El OBSAM recuerda "el compromiso internacional de Menorca en favor de experiencias sostenibles. No es una cuestión técnica o que afecte solo a las administraciones locales e insular. Hay que querer ir más lejos e implicar más niveles y ámbitos de decisión, públicos y privados". Según el Observatorio Socioambiental, "se trata de demostrar permanentemente que no solamente hacemos las cosas ien, sino que queremos y podemos ser un poco ejemplares".