La exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, aseguró ayer que este organismo pagó un total de 47.742 euros a un empresario mallorquín pese a que éste "no hizo nada", un pago que se llevó a cabo por las "presiones" del alcalde de Manacor y actual diputado no adscrito, Antoni Pastor (ex PP), "para que se hiciera cuanto antes la contratación".
Así lo puso de manifiesto en su comparecencia ante el tribunal encargado de juzgar el llamado caso Scala, en la que la acusada explicó que, aprovechando que Pedro Veny era directivo de la mercantil Perlas Orquídea, el exvicepresidente del CDEIB Kurt Viaene le comentó que se le podía contratar como consultor para la realización de diversos estudios sobre la perla en Mallorca.
En concreto, en virtud de estos contratos y presuntamente sin servicio alguno a cambio, Veny emitió entre febrero de 2004 y octubre de 2006 hasta cinco facturas contra el CDEIB por un importe total de 47.742 euros, fondos públicos de los que acabó apropiándose el empresario.
En su declaración, Ordinas insinuó también que el organismo público otorgó durante la legislatura 2003-2007 una subvención "encubierta" de 36.000 euros a la organización agraria ASAJA, entonces presidida por el actual conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company.
La acusada respondió de esta forma a las preguntas formuladas por el fiscal Pedro Horrach, quien le exhibió dos anotaciones en una de las cuales aparecía la cifra de 12.000 euros de subvención mientras que en la otra la cantidad se elevaba a 36.000 euros. Ante esto, Horrach le preguntó a qué respondía el anterior pago, a lo que Ordinas contestó que obedecía a unos trabajos que no sabía concretar, afirmando finalmente entender que se trataba de una subvención "encubierta".
Ordinas relató que fue el exconseller de Comercio, Industria y Energía y expresidente del CDEIB, Josep Juan Cardona, quien le instó a reunirse con Company para concretar la firma de un convenio con ASAJA así como su contenido, todo ello por la elaboración de un informe cuya utilidad pública puso en duda el fiscal, quien tras más de seis horas entre ayer y el martes ha dado por finalizado su interrogatorio a la inculpada, Antònia Ordinas.