El 6 de mayo de 2011 la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears, bajo la presidencia del menorquín Gabriel Fiol Gomila, emitió una sentencia dolorosa para los intereses del Consell, una resolución que nace de una adquisición de unos terrenos en 1999 y cuyas consecuencias se podrían prolongar hasta 2045. Se trata del denominado caso Cesgarden, por el que la promotora de un hotel de cinco estrellas en Son Bou ha visto judicialmente reconocido su derecho a recibir una indemnización nunca inferior a los 16 millones de euros, más una alta de carga de intereses, por los perjuicios que le creó la aprobación en abril de 2003 del Plan Territorial Insular (PTI).
Es la única sentencia contraria que ha habido al PTI entre los 55 recursos judiciales que se iniciaron en contra de lo establecido por una norma que regula la ordenación del territorio en la Isla y que se gestó bajo un gobierno de pacto de izquierdas, con Joana Barceló al frente del Consell.
Lea la noticia completa en nuestra edición impresa o en Kiosko y Más / Mynewsonline