El equipo de gobierno del Consell quiere analizar la parte administrativa de expedientes que han derivado en litigios y posteriores sentencias condenatorias contra la institución, como la de Cesgarden, y no solo «focalizar en la defensa letrada», aunque admitió que ésta planteaba dudas. Así lo manifestó ayer ante el pleno del Consell el responsable de Ordenación Territorial, Cristóbal Huguet, quien incidió en la imagen de «inseguridad jurídica que ofrece la Isla» e invitó a la portavoz del PSM-Més, Maite Salord, a retirar la propuesta en la que solicitaba un «análisis profundo» del procedimiento seguido por la defensa del Consell. También se extrañó de la petición de la consellera cuando en comisión se abstuvo en la votación que aprobó encargar un informe jurídico sobre la sentencia.
Ante la negativa de Salord, el Grupo Popular votó en contra de una propuesta «en la que parece que no actuamos y no hacemos nada», reprochó Huguet a la consellera nacionalista. El conseller aseguró que los miembros del equipo de gobierno «siempre se han hecho responsables de un expediente en el que no participaron para nada», al tiempo que señaló algunas de las dudas que surgen en torno a la estrategia de la defensa del Consell ante el contencioso con Cesgarden. Entre éstas, el hecho de que la petición de indemnización por plaza hotelera subiera de los 12.000 a los 16.000 euros, sin que «la defensa dijera nada» o por qué el fallo «no se impugnó si el Plan Territorial Insular se daba como válido», afirmó Huguet. Asimismo, el conseller insistió en revisar «no solo el expediente judicial sino expedientes administrativos anteriores» ya que, añadió, «hay errores de partida tan brutales que alguien los tendrá que pagar», espetó.
Por su parte, los portavoces de PSOE y PSM-Més, los dos partidos que gobernaban cuando se frenaron las expectativas urbanísticas en Son Bou, no eludieron sus responsabilidades, «Reiteraré que lamentamos profundamente esta sentencia y la repercusión que pueda tener sobre la economía de Menorca», afirmó Maite Salord durante el debate, «estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que nos correspondan, pero aún no sabemos cuáles son».
El portavoz socialista, Joan Marqués, consideró la sentencia de Cesgarden «desmesurada» y afirmó que «si mi dimisión sirviera para algo no lo dudaría», a la vez que asumió «la decisión» que tomó como conseller de Ordenación de «la necesidad de esponjamiento en Son Bou» donde, recordó, a raíz del planeamiento surgido en los años 70 se contemplaba un desarrollo «tipo Marbella, con dos torres que debían pasar a cinco».