Medio centenar de construcciones ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre de Menorca podrán seguir siendo utilizadas, incluso como viviendas, hasta el año 2093. Así lo prevé la nueva Ley de Costas que sustituye a la vigente desde 1988, una norma estatal que extinguía todos los permisos en el litoral en un horizonte de 30 años, hasta 2018.
Pero ahora, con la nueva disposición legal aprobada por las Cortes, todas las concesiones prorrogadas pasan a disponer de un «plazo máximo» adicional de 75 años. Esta ampliación «extraordinaria» beneficia a los titulares de las 42 construcciones ya sujetas a concesión en la costa menorquina. Son «permisos existentes otorgados al amparo de la normativa anterior» que, en caso de no haber sido renovados, hubieran supuesto el desalojo y derribo de las edificaciones en cuestión. A éstas autorizaciones se les añadirán también aquellas, entre las decenas de solicitadas en la Isla, que el Ministerio de Medio Ambiente acuerde otorgar en adelante.
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