El Grupo Parlamentario Socialista quiere conocer los fundamentos económicos y jurídicos del nuevo modelo de financiación de los consells y así lo ha reclamado en las alegaciones planteadas al anteproyecto de ley del Govern, que considera demasiado indefinido, «nada transparente» y que carece del consenso que sí se logró con la ley 2/2002 que ahora se revisa.
El diputado Marc Pons explicó ayer en Maó las alegaciones socialistas registradas ya en la Cámara balear, y afirmó que con el nuevo sistema se reduce en 36,8 millones de euros la aportación anual del Govern a los consells, cifra que resulta del recorte en los adelantos a cuenta (46,5 millones), la pérdida por la actualizaciones del IPC (11 millones) y la reducción en el convenio de carreteras respecto a 2012 (14,3 millones). En resumen, 71,8 millones de euros que el Govern «pretende compensar» con una aportación de 35 millones, lo que equivale a «una reducción de más de 36,8 millones de euros anuales», afirmó.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Vicenç Tur, insistió en que, en el caso de Menorca, «seguimos sin tener una explicación del aumento que vende el equipo de gobierno», una mejora de 3,5 millones de euros que «no nos sale. Con la información que tenemos los números que resultan siempre son negativos», afirmó Tur. El dirigente socialista denunció que «no solo perdemos ahora, lo más grave es que perderemos cada año que pase». Por su parte, el portavoz del PSOE en el Consell, Joan Marqués, rechazó entrar en comparaciones con lo que reciben otras islas y aseguró que este sistema de financiación responde al modelo «recentralizador de Bauzá».