La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciutadella, María Belén Velázquez, ha decretado la apertura de juicio oral contra la exconcejal del Partido Popular y Unió Menorquina en el municipio, Antònia Salord, a quien acusa de haber incurrido en un presunto delito penal de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
A expensas de fijar fecha para la vista oral, la juez instructora ha impuesto a la exedil una fianza de 4.000 euros y la ha advertido con embargar sus bienes en tal cantidad en caso de que no la abone. El encargado de dirimir su responsabilidad en el caso será el magistrado del Juzgado Penal de Maó, Bartomeu Mesquida.
El auto de la juez recoge el parecer de los dos escritos de acusación presentados. El de UPCM, que en 2009 denunció los hechos, pide para Salord una pena de tres años de prisión, 16.200 euros de multa y 3.000 de indemnización al Ayuntamiento. El de la Fiscalía sigue idénticos derroteros, pero reduce la cuantía de la pena a dos años y medio de cárcel y 4.500 euros de multa, distribuidos en 15 meses a razón de 10 euros diarios.
En su calificación, el Ministerio Público cree probado que, «a pesar de carecer de funciones en materia de urbanismo, requirió a la sociedad contratada para la tramitación de los expedientes disciplinarios, Recaudación y estión de Tributos Locales, que le fueran entregados doce expedientes» por obras presuntamente ilegales y «especifió requirió la entrega» del que afectaba a un policía. R. S. C.
Salord formuló su petición a la empresa de recaudación el 27 de febrero de 2009 y el 3 de marzo los devolvió todos menos éste último. El día 9 de ese mismo mes, ejerciendo ya como alcaldesa en funciones (Llorenç Brondo había dimitido dos semanas antes), se entrevistó con el agente en cuestión, «encontrándose en tal momento el expediente en su despacho».
La conclusión del fiscal es que la exconcejal «ocultó o destruyó el expediente con ánimo de beneficiar injustamente» al policía. De hecho, el Consistorio ya había propuesto imponerle una multa de 21.380 euros.
Por eso, no solo reclama para ella sanciones económicas y de prisión, sino su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por dos años y medio y para desempeñar cualquier cargo público por espacio de cuatro años y medio. Además le impone el pago de las costas procesales.
La Fiscalía solicita que durante el juicio también se llame a declarar al policía local presuntamente beneficiado, el responsable del servicio de recaudación y los exconcejales Maite Salord (PSM) y Milagros León ( PP). Ésta última ostentaba entonces la gestión del área de Urbanismo.