La sanción propuesta para los tres directores de los institutos de Maó expedientados por la Conselleria de Educación han reactivado las críticas de la oposición al proceso seguido por el Govern balear en este caso. El hecho de que la sanción máxima a la que se exponen los docentes sea de 15 días, cuando ya llevan cumplidos hasta diez veces más, ha suscitado las críticas de sectores educativos y de la oposición política.
Un grupo de padres aprovechó ayer la visita de la conselleria Joana Maria Camps al colegio Tramuntana de Maó para exteriorizar sus críticas y entregarle un manifiesto en el que se describe a Camps como «la consellera que entierra la educación». Entre otros puntos, se asegura que «ha provocado e humillado a los docentes abriendo unos expedientes totalmente gratuitos y arbitrarios a los tres directores, utilizando los instrumentos que le confiere el poder para represaliar políticamente a unos funcionarios que se han limitado a cumplir las normas».
Por su parte, la diputada del PSOE Cristina Rita exigía ayer «la inmediata resolución de los expedientes para que los directores se reincorporen ya a sus funciones, a pesar de que el daño moral que han sufrido será muy difícil de compensar». En este sentido, mantiene que «un solo día de sanción es excesivo, injusto, arbitrario y fruto de una voluntad represora contra unos profesionales que se han limitado a hacer su trabajo y defender el diálogo y el acuerdo con la comunidad educativa».
En la misma línea se expresa el diputado del PSM Manel Martí, apuntando que «todo el proceso es nulo» y que la consellera «prevaricó». Al igual que los socialistas, el PSM defiende que «la única resolución válida para los expedientes de Maó sigue siendo su anulación y la restitución de sueldo y funciones a los afectados», ya que los menorquinistas concluyen que «lo que pretende la consellera Camps es dirigir la voz y el voto de los directores y docentes».
La formación Ara Maó también critica la actuación del Govern y de Camps, asegurando que responde a «una estrategia de gran alcance del nacionalismo español, con fuertes vinculaciones con el nacionalcatolicismo de raíz franquista». Este grupo pide al Ayuntamiento de Maó que se pronuncie sobre el tema «y se sitúe del lado de los directores».
Sin embargo, desde la Conselleria de Educación se asegura que la instrucción de los expedientes proseguirá su actual curso administrativo y no se tomará ninguna medida definitiva hasta que la tramitación haya concluido.
Desde el Govern manifiestan «nuestro total respeto hacia el trabajo de la inspección educativa, un organismo independiente y autónomo». Así, el Govern esperará a que se planteen las alegaciones antes de refrendar o no la propuesta de sanción que está sobre la mesa.