Acuerdo 'in extremis'. La Autoridad Portuaria de Balears (APB) aceptó ayer, prácticamente al mismo tiempo en que presentaba el proyecto de dragado del puerto de Maó a empresarios y representantes públicos de la Isla, la última propuesta del grupo ecologista GOB Menorca. Finalmente, los nuevos responsables del ente portuario han dado una vuelta de tuerca más a su apuesta por el consenso y han accedido a depositar en tierra 29.000 de los 185.000 metros cúbicos que se extraerán de la rada mahonesa, un 15,8 por ciento del total, exactamente la proporción que demandaba el GOB.
Uno de las novedades que más satisfacción ha despertado tanto entre ecologistas, como entre el sector náutico y las autoridades es el esfuerzo por descontaminar el puerto más allá de las necesidades del dragado. Los últimos análisis realizados habían revelado que el paso de grandes barcos por la zona este último verano han movido los lodos dejando fuera de la zona prevista de dragado las mayores concentraciones de metales pesados.
Permiso del Govern
Finalmente la APB dragará también esas zonas, cercanas a la Illa Pinto, y la intención es tratar esos materiales, unos 5.000 metros cúbicos, en la planta de tratamiento de Es Milà. No obstante, al tratarse de materiales considerados tóxicos, se requiere el permiso del Govern. El resto de esos 29.000 metros cúbicos, según informó ayer el presidente del Consell, Santiago Tadeo, recibirán el preceptivo permiso del Consorci de Residus Sòlids Urbans de Menorca para su tratamiento en tierra.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Pons, que se desplazó ayer a la Isla para presentar el proyecto, aseguró no obstante que el punto de vertido, a una milla náutica de Cala Rafalet y en un área cercana a l'Illa de l'Aire «se mantendrá exactamente igual». El mandatario aseguró que, atendiendo a la inquietud de los ecologistas, se han realizado dos estudios complementarios que han confirmado que «no hay ningún peligro medioambiental». No obstante, el GOB reclamó ayer que el Instituto Español de Oceanografía (IEO) emita un informe que acredite las garantías de que no existe riesgo para la fauna y la flora de la zona.
La Autoridad Portuaria presentó ayer el proyecto definitivo de unos trabajos para los que no hay fecha concreta de inicio, aunque se baraja una fecha entre el 14 y el 16 de febrero. El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que se espera que concluyan a lo largo del mes de mayo, en todo caso antes de que se acerque el apogeo de la temporada turística.
Los cambios introducidos respecto al proyecto inicial han supuesto un importante sobrecoste, de entorno al 65 por ciento. Inicialmente el coste era de dos millones de euros a los que la APB añadirá 1,3 más. El dragado de Maó le costará finalmente al ente gestor del puerto 3,3 millones de euros.
El objetivo es que todo el interior del puerto alcance una cota de calado de diez metros, lo que debe permitir en un horizonte de 15 o 20 años que los grandes buques maniobren de forma segura. En ese sentido, el presidente del ente portuario, Alberto Pons, advirtió de que se estaba viviendo una situación «peligrosa», con el riesgo de que las embarcaciones no pudieran acceder a la rada.
El proyecto, el segundo de mayor envergadura de los realizados en el puerto de Maó, también fue presentado cómo el de mayor garantías medioambientales, aunque sorprendentemente Alberto Pons minimizó el calado de los cambios introducidos al afirmar que «no es tan distinto al inicial».
Entre esos cambios también se encuentran cuestiones más técnicas, referidas al 'modus operandi' del vertido. Así, mientras los limos más contaminados se tratarán en Es Milà, los limos de contaminación media se verterán en primer lugar y quedarán sepultados por las rocas y trozos más voluminosos sin apenas concentración de metales.