Los obreros han entrado esta semana en la casa de la alcaldesa de Maó, Águeda Reynés, para demoler parte de una habitación de la vivienda y corregir así la ampliación del volumen edificado sin licencia que se detectó en 2011, a raíz del control catastral realizado por Registril SL, la empresa concesionaria del servicio de recaudación de tributos.
Los trabajos de demolición comenzaron el pasado martes y afectan a una zona de entre diez y doce metros cuadrados de una superficie que se ganó anexa al garaje del edificio, situado en la urbanización de Cala Llonga.
La propia alcaldesa señaló ayer que se tira abajo una parte de esta habitación, de acuerdo con el proyecto de legalización presentado al Ayuntamiento, y no quiso entrar en valoraciones del expediente ni de las circunstancias en las que se detectó, cuando estaba a punto de iniciarse la campaña electoral de los comicios municipales de 2011 y ella era, todavía, una aspirante a la alcaldía de Maó.
«Asumí que era algo que no era correcto y había que subsanar ese error», declaró ayer Reynés, quien ahora solo desea que «esté todo listo cuando antes y se cierre ya» este asunto.
Proyecto
El derribo de la obra está incluido en el proyecto de restitución de la legalidad que se aprobó en septiembre de 2013 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Maó, un acuerdo municipal en el que ya se estipulaba que los trabajos de demolición, debían iniciarse antes de seis meses, por lo que el plazo finalizaba el próximo marzo.
Según dicho proyecto de legalización aprobado por los técnicos de Urbanismo y el gobierno municipal, la irregularidad afecta a 15 metros cuadrados de la vivienda pero no se derruyen todos.
La demolición tampoco eximirá a Reynés del pago de una sanción económica para cerrar este caso urbanístico, que será del 5 por ciento del presupuesto de demolición, tal y como informó ayer la teniente de alcaldía de Urbanismo, Analía Noval. Es el mismo porcentaje, subrayó, que se aplica al resto de vecinos de Maó en estos casos.
Los técnicos municipales apuntaron que además de no contar con la preceptiva licencia, la obra no se adecuaba al planeamiento urbanístico vigente al no cumplir el retranqueo, es decir, la distancia mínima de separación de la edificación con sus lindes.
La alcaldesa y el gobierno del PP han querido imprimir la máxima celeridad a la resolución de este expediente. Su intención: rapidez y ejemplaridad porque Reynés sabe que la opinión pública está pendiente del caso y espera que la disciplina urbanística se aplique a todos los ciudadanos. «La gente estaba esperando que lo hiciera y ahora solo quiero que esto acabe», manifestó la alcaldesa, quien añadió que el expediente se ha puesto «por delante» de otros para poder zanjarlo.
Reynés siempre mantuvo, cuando en 2011 se conoció la irregularidad en su vivienda, que nunca recibió una comunicación oficial del requerimiento de información de la empresa de recaudación municipal, que pedía la escritura de la finca, los planos y una nota registral. Debido a la falta de respuesta a Registril, ésta remitió el expediente al departamento de Urbanismo a finales del último mandato socialista.
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Carolina, Esta obra no se está derruyendo porque un día la alcaldesa se despertase con un especial estímulo de moralidad: Lo hace a regañadientes y como consecuencia de un expediente de infracción. La alcaldesa no ha cumplido con la legalidad. Si fuese así, hubiese pedido permiso, y lo hizo sin permiso precisamente porque no se ajusta a la normativa (dura lex sed lex). Ha sido pillada y se hace cumplir la ley: De ejemplaridad nada!