Los expedientes sancionadores en el parque natural de Menorca, s'Albufera des Grau, disminuyeron el año pasado un 22,5 por ciento respecto a 2012. Los agentes del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT) abrieron 24 expedientes en 2013 frente a los 31 del año anterior, siendo Menorca una de las islas que registró el menor número de infracciones en este tipo de espacios protegidos, tal y como se recoge en el informe anual de la Conselleria de Medio Ambiente.
El volumen de expedientes sancionadores en general descendió en los parques naturales de Menorca y de Cabrera, pasando de 38 a 21 procedimientos en este segundo caso, mientras que en el conjunto balear -debido al fuerte aumento de Mallorca-, el número de expedientes de sanción abiertos subió un 143,2 por ciento respecto a 2012.
Control
Dicho aumento se debe, según la Conselleria de Medio Ambiente, a una mayor vigilancia de los parques, gracias a la colaboración de la Guardia Civil. En este sentido, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, ha avanzado que próximamente se firmará un convenio de colaboración entre la Delegación del Gobierno en Balears y la Guardia Civil para la vigilancia de los parques. Un acuerdo -añadió-, que si bien aún tiene que plasmarse, ya ha empezado a dar resultados.
No todos los expedientes sancionadores acaban con la imposición de una multa. De los 484 expedientes de 2013 se han finalizado 23 y están en trámite 461. Si todos acabaran en sanción económica el Govern prevé que recaudaría 33.100 euros, cifra que supone 6.099 euros más que durante el año 2012.
En el conjunto del archipiélago han aumentado los expedientes por la apertura y construcción de caminos (de 3 a 5 procedimientos sancionadores), y se han casi cuadruplicado los relativos a fondeos incontrolados (de 21 a 79), mientras que han descendido las infracciones relacionadas con el vertido incontrolado de residuos (de 11 a ocho expedientes).
En Mallorca, la Isla en la que se ha registrado una mayor número de infracciones, el motivo principal ha sido la realización de acampadas en lugares prohibidos o sin la autorización pertinente. Después de la catástrofe de Andratx, en la isla vecina se ha extremado el control sobre actuaciones que puedan entrañar un riesgo de incendio. Así, en 2013 se abrieron 249 expedientes por acampadas frente a los 38 de 2012.