La concejal de Personal de Ciutadella, Inmaculada González, justificó la «caza de brujas» denunciada así por UPCM e impulsada por el equipo de gobierno del PP para dar con el funcionario que filtró a Joan Triay el informe de un expediente de Turismo inacabado. «Ante la latente irregularidad producida en el suministro y la obtención de esta información, tenemos la responsabilidad política de velar porque se respeten los conductos reglamentarios, incluso entrevistando a los trabajadores que en algún momento han estado en contacto con el documento», justificó la edil.
«Caza de brujas»
Es más, a decir de la concejal y en aplicación estricta de la legislación, el propio Joan Triay, como «beneficiario de esa falta», debería haber «denunciado de manera inmediata» al funcionario que le filtró el informe que contenía «errores» de bulto en el nuevo contrato del servicio de socorrismo en las playas.
Inmaculada González achaca también al portavoz de UPCM que difundiera el contenido del informe y no cumpliera «la obligación de reserva y confidencialidad inherentes a su cargo». En lugar de denunciar públicamente las «irregularidades» -como hizo- «debería haber dado cuenta (interna) al alcalde o al concejal competente como forma más directa de evitar el 'desaguisado'».